El próximo presidente del Perú podría no estar afiliado a ningún partido político

A pocas semanas de la convocatoria de las elecciones generales de 2026, el congresista Juan Burgos ha presentado el “Proyecto de ley que fortalece el derecho político a ser elegido”. De aprobarse la iniciativa, los candidatos a la presidencia de la República no tendrían que ser parte de ningún partido político para postular al máximo cargo político del Perú.

El representante de Podemos Perú pretende que “un candidato de la plancha presidencial (...) pueda ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de organización política que disponga el estatuto”; es decir, un invitado podrá ser candidato a la presidencia si así lo permite el estatuto del partido político que representará.

Si bien no hace falta que un candidato sea afiliado a una organización política, sí necesitará de esta para participar en los comicios. De la misma manera, podrían postular el 20% de candidatos al Congreso. “En la lista de candidatos, la ubicación de los designados es establecida por el órgano competente”, recalca la iniciativa legislativa.

El proyecto de ley que ya se encuentra en manos de la Comisión de Constitución y Reglamento, no permitiría que los afiliados a los partidos políticos elijan a sus principales candidatos a través de elecciones internas. La facultad de hacerlo quedaría en manos de aquellos señalados por el estatuto de la agrupación.

“No pueden inscribirse como candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que corresponda o que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripción”, se lee en el texto presentado.

El proyecto de Burgos también pretende cambiar el plazo máximo de afiliación previo a las elecciones de 2026. La nueva fecha límite para participar de las elecciones primarias sería de nueve meses antes del acto electoral. La medida también se aplicaría para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

“Hay que recordar que, nuestro sistema democrático exige que todos los ciudadanos tengan igualdad de condiciones para acceder a cargos públicos mediante elecciones libres y competitivas. No obstante, el marco normativo vigente impone restricciones que limitan la participación de potenciales candidatos, afectando la oferta electoral y restringiendo el derecho fundamental a la participación política” es una de las justificaciones de Burgos para defender su polémica iniciativa.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el domingo 12 de abril de 2026. Durante estos comicios, se elegirá al presidente de la República, a los vicepresidentes y a los miembros del Congreso y del Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

Una de las principales novedades de estas elecciones es el regreso a la bicameralidad en el Congreso. Se designarán 190 congresistas, divididos en 60 senadores y 130 diputados. Los senadores serán escogidos en una circunscripción nacional, mientras que los diputados representarán a 27 distritos electorales, abarcando los 24 departamentos, la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y a los ciudadanos peruanos en el extranjero.

El sistema electoral peruano establece que, para ganar la presidencia en la primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ningún candidato alcanza este porcentaje, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos postulantes con mayor votación. En el caso del Congreso, los partidos políticos deberán superar un umbral del 5% a nivel nacional o ganar al menos siete escaños en una circunscripción específica para asegurar representación.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar. Se espera una participación significativa, ya que estos comicios serán determinantes para definir el rumbo político del país en los próximos años.