Telefónica lanzó un plan de bajas para 55 directivos en Perú para ahorrar costes tras disparar pérdidas

El gigante español de las telecomunicaciones, Telefónica, ha implementado un plan de recortes de plantilla en su filial peruana con el objetivo de reducir costes y afrontar un panorama financiero adverso. Según lo informado por el portal Economía Digital, la compañía lanzó un Plan de Retiro Incentivado que incluyó la desvinculación de 55 altos cargos empresariales, decisión que se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2024. “La medida forma parte de las estrategias orientadas a una mayor eficiencia operativa y contención de gastos”, citó el medio a los estados financieros presentados por Telefónica Perú.

La puesta en marcha de este ajuste laboral tuvo un costo elevado, alcanzando los 38.151 millones de soles peruanos (alrededor de 9,8 millones de euros al cambio actual). Además, esta reciente acción se suma a un plan previo de desvinculación incentivada, aprobado en 2023, donde el desembolso ascendió a 18.364 millones de soles (equivalentes a 4,7 millones de euros). En palabras del medio, Telefónica declaró que esta estrategia apunta específicamente a “directivos, predirectivos y ejecutivos”, para responder a los retos de un entorno financiero complejo y competitivo.

El deterioro de la situación económica de Telefónica del Perú no se limita al impacto de los recortes anunciados, pues esta filial, que forma parte del grupo Telefónica Hispanoamérica (Hispam), enfrenta una pérdida acumulada de 872 millones de euros, según el reporte. “El grupo identifica como principales factores las contingencias tributarias y la fuerte competitividad en el sector de telecomunicaciones”, detalla la compañía en sus informes. Asimismo, se especifica que los ingresos de la operadora en Perú cayeron un 7 % en 2024, obteniendo un total de 6.020 millones de soles (1.548,5 millones de euros).

La compleja situación financiera incluye litigios fiscales con el gobierno peruano que se extienden por dos décadas, con un monto acumulado superior a los 1. 000 millones de euros en disputa. A ello se suman compromisos financieros por 1. 146 millones de soles (300 millones de euros), que tienen vencimiento programado para 2025. Frente a esta situación crítica, Telefónica ha decidido acogerse al concurso de acreedores como último recurso para reestructurar su deuda y garantizar la viabilidad de sus operaciones en el país andino. “Con base en sus provisiones registradas, la compañía calcula litigios fiscales de corto plazo por 2.473 millones de soles peruanos (636,17 millones de euros)”, señalan los informes financieros divulgados.

El papel de Hispam ha sido clave para evitar un colapso más acentuado en las operaciones peruanas. Antes de entrar formalmente en la etapa de concurso de acreedores, Telefónica Hispanoamérica inyectó recursos mediante dos préstamos por un valor acumulado de 2.070 millones de soles (532,5 millones de euros) durante 2024. “El crédito mercantil de aproximadamente 400 millones de euros que la matriz otorgó a la filial busca mantener las operaciones mientras se trabaja en una solución estructural”, destaca la información obtenida del medio. No obstante, hacia finales del mismo año, Telefónica Perú sostenía deudas pendientes con su matriz por 61,7 millones de soles (16 millones de euros), luego de que buena parte de los préstamos fuera capitalizada.

Telefónica, bajo la dirección ejecutiva de Marc Murtra, parece mirar a un futuro incierto frente a los desafíos de mantener su presencia en un mercado tan competitivo como el peruano. En el plano internacional, la compañía también tendrá que enfrentar un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para resolver los múltiples litigios relacionados con sus obligaciones fiscales en Perú. Esta audiencia está prevista para los próximos días, y se espera que defina puntos cruciales para la resolución del conflicto tributario.

Con la implementación de recortes laborales y la inyección de capital por parte de su matriz regional, Telefónica reafirma un esfuerzo por contener su situación de deterioro económico en el mercado andino. Paralelamente, el recurso al concurso de acreedores evidencia una acción estratégica más amplia, que busca consolidar la estabilidad financiera mediante la renegociación de deuda y enfrentar los compromisos fiscales pendientes.

A través de un comunicado detallado, el Directorio de Telefónica del Perú (TdP) anunció que decidió solicitar un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) con el objetivo de reestructurar sus compromisos financieros.

“Tras analizar diversas opciones para garantizar la estabilidad económica de la empresa, determinamos que acogernos voluntariamente al PCO es la mejor alternativa para asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones”, afirmó Elena Maestre, Presidenta Ejecutiva de TdP.

Según RPP, la situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto afectada por disputas fiscales que se remontan a más de dos décadas, así como por decisiones administrativas que han puesto a la empresa en desventaja dentro de un mercado altamente competitivo.

La compañía enfatiza que el inicio de su proceso de reestructuración no implica una quiebra ni una liquidación, sino que le permitirá negociar con sus acreedores y otras partes involucradas para continuar operando en Perú, proteger a sus trabajadores, mejorar su estabilidad financiera y garantizar la sostenibilidad de su negocio.

Por su parte, Indecopi informó que, conforme a la Ley General del Sistema Concursal, la Comisión de Procedimientos Concursales cuenta con un plazo de 90 días para evaluar la solicitud. En caso de ser aceptada, se emitirá una resolución sobre el inicio del procedimiento concursal ordinario, la cual será publicada en el Boletín Concursal del organismo.

El sector de telecomunicaciones en Perú es altamente competitivo, con la presencia de operadores como Claro, Entel y Bitel, lo que ha generado una presión constante sobre Telefónica del Perú. La reducción de tarifas, las estrategias agresivas de captación de clientes y la regulación del mercado han afectado los ingresos de la empresa, obligándola a buscar alternativas para mejorar su rentabilidad. Ante este panorama, el recorte de personal, especialmente en altos mandos, responde a la necesidad de optimizar costos operativos y adaptarse a un entorno donde la rentabilidad es cada vez más difícil de sostener.

Los litigios fiscales de Telefónica del Perú, que se extienden por más de dos décadas, representan un riesgo significativo para su estabilidad financiera. De resolverse en contra de la empresa, podrían traducirse en pagos multimillonarios que agravarían aún más su situación económica. Además, el hecho de acogerse a un Procedimiento Concursal Ordinario ante Indecopi podría generar restricciones en el acceso a financiamiento, afectar su reputación ante inversionistas y proveedores, e incluso condicionar la renegociación de sus deudas con el Estado y otras entidades.

El gobierno peruano, a través de entidades como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desempeña un papel clave en la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones. Estas instituciones establecen normativas para garantizar la competencia, fijar tarifas, proteger a los consumidores y supervisar la calidad del servicio.

Además, el gobierno también influye en el sector mediante políticas tributarias y litigios fiscales, como los que enfrenta Telefónica del Perú. Las disputas tributarias prolongadas y las sanciones impuestas por la administración pública han sido un factor que ha afectado la estabilidad financiera de la empresa. Por otro lado, en casos de crisis como el actual, entidades como Indecopi intervienen en los procesos concursales, supervisando la reestructuración de empresas con problemas financieros.

El Estado peruano ha adoptado diversas medidas que impactan a Telefónica del Perú, incluyendo sanciones y la implementación de incentivos para el sector de telecomunicaciones.

Sanciones:

• Multas por infracciones: El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ha impuesto múltiples sanciones a Telefónica del Perú en los últimos años. Entre 2018 y 2022, la empresa acumuló multas superiores a S/157 millones por diversas infracciones a las normas legales y obligaciones contractuales. Estas sanciones se deben a incumplimientos en la calidad del servicio, tarifas y otros aspectos regulatorios.
• Inhabilitación para contratar con el Estado: En septiembre de 2023, el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a Telefónica del Perú para contratar con entidades estatales durante un período de 36 meses. Esta sanción se originó por la presentación de información falsa en procesos de contratación.

Incentivos:

• Fomento de la conectividad en áreas rurales: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha implementado programas para ampliar la cobertura de servicios móviles en zonas no atendidas. Por ejemplo, se han establecido incentivos para que las operadoras brinden conectividad en localidades sin acceso a telefonía móvil o que requieren mejoras tecnológicas, pasando de 2G a 4G.
• Medidas extraordinarias para la provisión de conectividad: Mediante el Decreto de Urgencia N.° 014-2021, el gobierno habilitó al MTC, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), para aplicar procedimientos especiales en la contratación de servicios de conectividad en áreas rurales y de preferente interés social. Esta iniciativa busca atenuar los efectos negativos en sectores como la salud y la educación, especialmente en el contexto de emergencias sanitarias.