Donde cunde el desierto de Sechura: Perú gana histórico arbitraje a brasileña Miski Mayo y asegura regalías por US$28,5 millones

El Estado peruano ha logrado un importante triunfo en el ámbito internacional al recuperar 28,5 millones de dólares en regalías mineras adeudadas por la compañía Miski Mayo, subsidiaria de la brasileña Vale do Río Doce, según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). El fallo, emitido por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), resolvió una disputa que se extendió por más de una década en torno al cálculo de regalías derivadas de la explotación del yacimiento de fosfatos Mina Bayóvar, ubicado en el desierto de Sechura, en la región norteña de Piura.

De acuerdo con ProInversión, el conflicto surgió debido a discrepancias en la interpretación de una cláusula del contrato firmado en 2005, que regula el pago de regalías por la extracción de roca fosfórica. El tribunal determinó que las regalías debían calcularse según los precios reportados por S&P Global Commodity Insights, en lugar del método utilizado por Miski Mayo, que se basaba en el precio promedio facturado a sus clientes. Este fallo no solo asegura el pago de las regalías adeudadas, sino que también establece un precedente importante para la seguridad jurídica en el sector minero peruano.

El origen de la controversia se remonta a 2013, cuando la revista especializada Fertecon, utilizada como referencia para calcular las regalías, dejó de publicarse. Ante esta situación, Miski Mayo adoptó un nuevo método de cálculo basado en el precio promedio del fosfato vendido a sus clientes, lo que, según una auditoría realizada por ProInversión y la empresa pública Activos Mineros SAC (AMSAC), resultó en pagos inferiores a los estipulados en el contrato original. Según detalló el medio Noticias Piura, la falta de consenso sobre una publicación de referencia alternativa llevó a Miski Mayo a iniciar un proceso arbitral para resolver la disputa.

El contrato de transferencia del Proyecto Fosfatos de Bayóvar, adjudicado a Miski Mayo en 2005, establecía que las controversias no técnicas con montos superiores a un millón de dólares debían resolverse bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI, con sede en Buenos Aires, Argentina. En este caso, el tribunal arbitral, compuesto por tres árbitros y operando en idioma castellano, falló a favor del Estado peruano, ordenando a Miski Mayo el pago de 28,5 millones de dólares, además de intereses y costas del arbitraje.

El fallo del tribunal no solo representa una victoria legal para el Estado peruano, sino que también tendrá un impacto directo en la región de Piura. Según ProInversión, los fondos recuperados serán destinados principalmente al Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (FOSPIBAY), una entidad que financia proyectos en beneficio de las comunidades locales. Además, otras instituciones de la región también se verán beneficiadas por estos recursos, lo que podría traducirse en mejoras en infraestructura, educación y servicios básicos para la población de San Martín de Sechura y áreas aledañas.

Antonio Montenegro, gerente general de AMSAC, destacó que esta decisión fortalece la seguridad jurídica en el sector minero y garantiza el cumplimiento de los contratos de inversión en el país. Según Montenegro, el fallo no solo asegura el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino que también genera un impacto positivo en las comunidades de la región, al canalizar los recursos hacia proyectos que mejoren su calidad de vida.

El director de proyectos de ProInversión, Rogger Incio, subrayó que este fallo arbitral ratifica el compromiso de la agencia de promover inversiones con integridad, transparencia y una adecuada distribución de riesgos. Según Incio, los contratos estructurados por ProInversión buscan equilibrar los intereses de los inversionistas, el Estado y las comunidades locales, asegurando que los beneficios de los proyectos mineros se distribuyan de manera equitativa.

El caso de Miski Mayo también pone de relieve la importancia de contar con mecanismos claros y efectivos para resolver disputas en el sector minero. La decisión del tribunal arbitral de la CCI, que reconoció los valores de referencia propuestos por el Estado peruano, establece un estándar que podría influir en futuros contratos y disputas similares. Además, refuerza la confianza en el sistema de arbitraje internacional como una herramienta para garantizar el cumplimiento de los acuerdos en proyectos de gran envergadura.