El ingreso de Isabel Cajo Salvador, implicada en una presunta red de proxenetismo dentro del Congreso, continúa dando de qué hablar. A los cuestionamientos sobre su paso por diversas oficinas parlamentarias, entre abril de 2022 y enero de 2023, sin haber concluido sus estudios universitarios con un sueldo que pasó de S/ 4 mil a S/ 8 mil, se suma el haber dado información falsa.
Punto Final reveló que, para acceder a los cargos en el Poder Legislativo, Cajo presentó un currículum que incluía una supuesta experiencia laboral como técnica administrativa y asistente de agente de aduanas en la empresa E&H Constructora Inmobiliaria. No obstante, el gerente general de la mencionada empresa, confirmó que Cajo nunca trabajó allí y que los certificados presentados son fraudulentos.
El 27 de diciembre del año pasado, es decir, cuando el escándalo de la presunta red ya se había desatado, cuando Andrea Vidal ya había sido asesinada y cuando Cajo tenía ya tres meses trabajando en el despacho de Martínez, el área de Recursos Humanos del Parlamento le envió una carta a la empresa E&H Constructora Inmobiliaria pidiéndole validar los certificados de la entonces servidora parlamentaria. El 14 de enero, la respuesta fue la siguiente:
“Por medio de la presente, le manifestamos que mi representada no ha emitido la constancia de trabajo y el certificado de prácticas profesionales a nombre de la srta. Isabel Florencia Cajo Salvador. Asimismo, precisamos que la indicada persona nunca ha laborado ni ha tenido relación contractual con mi representada, en tal sentido, se trata de un documento con información inexacta", se lee.
Consultado al respecto, quien fue su férreo defensor, Edwin Martínez, reconoció que debía ser investigado. “Yo no puedo incurrir en algo que no ha sido normal. Si ha sido una contratación donde se ha determinado que se han presentado documentos falsos, se tiene que investigar. Yo no sabía nada, la información es trasladada a recursos humanos y ellos son los que verifican si es verdadera o falsa la información, en mérito a ello hacen el contrato”, mencionó al programa.
Para César Delgado, exoficial mayor del Congreso, independiente a los hechos que se le vinculen o no más adelante, el haber mentido en su curriculum da lugar al presunto delito de falta contra la fe pública. Consideró que si bien este procedimiento podría haberse hecho antes de iniciar el contrato, “debido a la presunción de veracidad se le concede a la persona de buena fe que lo que esté diciendo sea verdad”.
Este dato se conoce en el marco de la vinculación de Alejandro Soto, entonces titular del Legislativo. Aunque ha negado cualquier relación con el tema, según consta en uno de los documentos en manos de la Comisión de Fiscalización, la adenda utilizada para trasladar a Cajo de Administración de Bienes a la oficina de Asesoría Legal y Constitucional fue avalada por la Presidencia del Congreso y Oficialía Mayor.
Ante el grupo de trabajo mencionado, ninguno de los funcionarios responsables supo brindar explicaciones claras sobre cómo se gestionaron estas decisiones. Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la oficina de Asesoría Legal, y demás funcionarios relacionados, se desligaron de la responsabilidad, generando aún más interrogantes.
Norma Yarrow, congresista por Renovación Popular e integrante de la Comisión de Fiscalización, indicó que, entre los 20 contratos revisados por su equipo, solo el de Cajo destacaba por una “adenda” específica. “Los demás contratos no tienen ese artículo. El presidente del Congreso era Alejandro Soto, de APP. Es un documento oficial. No estoy diciendo cosas que no existen, son hechos”, mencionó.
El titular del grupo de trabajo, Juan Burgos, enfatizó la necesidad de ampliar las facultades investigadoras del grupo, dado que las pruebas recabadas apuntan a serias negligencias en las contrataciones dentro del Congreso. Mientras tanto, Isabel Cajo permanece ilocalizable, pese a los intentos por obtener su versión de los hechos.
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