¿Qué pasó con Marco Arenas y Fernanda Lora? La pareja que asesinó y quemó viva a la ‘Reina de las Panaderías’

El 5 de noviembre de 2013, el Perú quedó conmocionado por un crimen que estremeció a la opinión pública. Una empresaria del rubro de la panadería, conocida por su éxito comercial y su trayectoria en el sector, fue brutalmente asesinada. La víctima, María Rosa Castillo Gonzales, fue estrangulada en su domicilio y su cuerpo calcinado en una zona apartada de Manchay. El responsable de este crimen fue su hijo adoptivo, Marco Arenas Castillo, quien contó con la complicidad de su pareja, Fernanda Lora Paz.

Ambos fueron detenidos días después y sometidos a juicio por un asesinato que mostró una frialdad impactante. La fiscalía solicitó una condena severa, pero un giro inesperado en el proceso evitó que la pena fuera más alta. A más de una década del crimen, la pregunta sigue latente: ¿cuál fue el destino de Marco Arenas y Fernanda Lora?

Marco Arenas Castillo, de 22 años en ese entonces, era un joven que había crecido en un entorno acomodado y estudiado en prestigiosas instituciones. Pese a las oportunidades que tuvo, su comportamiento se tornó errático y violento. Tras abandonar varias carreras universitarias, se sumergió en una vida de derroche y excesos financiados con el dinero de sus padres.

La situación se agravó cuando conoció a Fernanda Lora Paz, quien se convirtió en su cómplice. La relación entre ambos estuvo marcada por la ambición y la necesidad constante de dinero. En su desesperación por obtener recursos, Marco fingió un secuestro meses antes del crimen y logró que su familia pagara un rescate de 15 mil dólares. Sin embargo, la estafa no fue suficiente y planeó el asesinato de su madre para quedarse con sus bienes.

El día del crimen, Marco ingresó al cuarto de María Rosa Castillo y, simulando un gesto de reconciliación, la sujetó por el cuello hasta dejarla inconsciente. Convencido de que había muerto, envolvió el cuerpo y, con ayuda de Fernanda, lo ocultó en la maletera de un vehículo. Horas después, la pareja se dirigió a una zona apartada de Manchay, donde rociaron el cadáver con combustible y le prendieron fuego.

El hallazgo del cuerpo calcinado alertó a las autoridades, que iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen. Al analizar los últimos movimientos de la víctima y revisar las cámaras de seguridad, la Policía Nacional del Perú identificó inconsistencias en las declaraciones de Marco Arenas.

Las sospechas recayeron sobre él y su pareja, quienes fueron interrogados y, ante la presión de los investigadores, confesaron el asesinato. La brutalidad del crimen y la falta de remordimiento mostrada por los responsables generaron indignación en la opinión pública. La fiscalía solicitó la máxima pena posible, argumentando que se trataba de un crimen cometido con alevosía y premeditación.

Cuando todo apuntaba a que Marco Arenas sería condenado por parricidio, un giro en el caso cambió el rumbo del proceso. En pleno juicio, Isabel García Bobadilla, madre biológica del acusado, se presentó ante el tribunal y declaró que lo había dado en adopción a la familia Arenas Castillo cuando era un bebé. Su testimonio fue clave, ya que demostró que la víctima no era su madre biológica, lo que impidió que se le aplicara el delito de parricidio, que contempla penas más severas en el Código Penal.

Finalmente, Marco Arenas y Fernanda Lora Paz fueron condenados a 20 años de prisión por homicidio calificado. La sentencia fue cuestionada por diversos sectores que consideraron que el castigo no era proporcional a la brutalidad del crimen.

Desde su encarcelamiento, poco se ha sabido sobre la situación actual de Marco Arenas y Fernanda Lora Paz. Ambos cumplen su condena en penales distintos y, según fuentes penitenciarias, han mantenido un perfil bajo durante su reclusión.

Arenas, quien fue recluido en el penal de Lurigancho, ha solicitado beneficios penitenciarios en varias ocasiones, aunque sin éxito. Por su parte, Fernanda Lora cumple su condena en el penal de Chorrillos, donde se ha integrado en programas de rehabilitación y educación.

Según el cálculo de su pena, podrían quedar en libertad en 2033, aunque con posibilidad de reducción por buena conducta. Aún así, el caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la década, marcando un precedente en el sistema judicial peruano.