Desalojan a los últimos ‘okupas’ peruanos en Madrid en condominio de lujo tras dos meses de conflicto

Después de más de dos meses de ocupación ilegal, conflictos vecinales y enfrentamientos con las autoridades, este jueves se produjo el desalojo definitivo de los últimos ‘okupas’ peruanos en España que permanecían en un edificio de nueva construcción en Carabanchel Alto, Madrid. La urbanización, situada en la calle Excelente número 6, llegó a albergar hasta 28 viviendas tomadas sin autorización. Desde que comenzaron las ocupaciones en diciembre de 2024, los vecinos denunciaron constantes ruidos nocturnos, peleas, amenazas e incluso la presencia de pandilleros dentro del inmueble.

Las ocupaciones en este edificio se produjeron de manera progresiva, con la llegada de diversas familias peruanas que, según las investigaciones, habrían sido víctimas de una mafia que les vendió los inmuebles de forma ilegal. A cambio de entre 2.000 y 3.000 euros, se les prometió un acceso “seguro” a estas viviendas, lo que llevó a que varias personas accedieran sin ser conscientes de la ilegalidad del proceso. Con el paso del tiempo, los desalojos fueron avanzando, tanto por salidas voluntarias como por intervención policial. Para evitar nuevos intentos de invasión, varias patrullas de la Policía Nacional de España permanecieron en los alrededores del edificio durante toda la jornada.

A pesar de que algunos invasores aseguraron haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria, las investigaciones revelaron que una mafia les vendió las viviendas ilegalmente, aprovechándose de su situación irregular en España. Según la investigación policial, las viviendas ocupadas fueron vendidas de manera fraudulenta en la fila de un comedor social de una iglesia. Las familias peruanas pagaron entre 2.000 y 3.000 euros a intermediarios que les aseguraron que tendrían derecho a vivir en los inmuebles sin problemas.

Los invasores no solo tomaron los departamentos sin autorización, sino que cambiaron las cerraduras y establecieron su propio sistema de acceso, con un conserje que les permitía entrar y salir sin restricciones. Mientras tanto, los inquilinos legales, que pagaban hasta 1.500 euros mensuales de alquiler, denunciaron que el condominio se convirtió en un foco de inseguridad. “Esta fue una invasión planificada. No fueron personas sin techo buscando dónde dormir, sino una mafia organizada que vendía propiedades que no eran suyas”, sostuvo un portavoz de la inmobiliaria propietaria del condominio.

El conflicto con los vecinos no tardó en escalar. Los residentes españoles organizaron protestas y cacerolazos para exigir la expulsión de los invasores. En respuesta, algunos de los ocupantes los insultaron, amenazaron y hasta les lanzaron huevos desde los balcones del edificio. Ante la falta de una solución inmediata, la inmobiliaria Vivenio, dueña de los departamentos, contrató una empresa de desalojo para recuperar las viviendas. Sin embargo, cuando los agentes privados intentaron ingresar, fueron agredidos y expulsados por los invasores.

A medida que las presiones para desalojarlos aumentaban, los ocupantes pasaron a una estrategia de extorsión, exigiendo entre 10.000 y 15.000 euros a la inmobiliaria para abandonar los departamentos. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el comisario de la Policía Nacional del distrito se reunieron con los vecinos para analizar el problema. Paralelamente, las autoridades recibieron denuncias cruzadas: algunos de los peruanos alegaron haber sido estafados, mientras que los residentes exigían soluciones inmediatas para recuperar la tranquilidad en la zona.

El caso de los peruanos en Madrid es solo uno de los miles de episodios similares que España enfrenta cada año. Según su Ministerio del Interior, en 2023 se reportaron 15.289 casos de ocupaciones ilegales en el país. Las leyes españolas no permiten desalojos inmediatos, ya que establecen que antes de expulsar a los invasores, se debe iniciar un proceso judicial que puede tardar hasta 24 meses. Además, si los ocupantes alegan que están en una situación de vulnerabilidad, el proceso se complica aún más.

Los propietarios tampoco pueden cortarles los servicios básicos como agua y electricidad, lo que ha generado una creciente preocupación entre los dueños de viviendas y arrendadores. Para intentar frenar el problema, el Gobierno español aprobó una reforma legal que entrará en vigor en abril de 2025, permitiendo desalojos más rápidos en casos de invasión de propiedades. Sin embargo, partidos políticos como PSOE y Podemos han manifestado su oposición a la medida y han adelantado que intentarán derogarla.

Mientras tanto, en Madrid, los vecinos del condominio donde ocurrió la invasión ahora esperan que la situación no vuelva a repetirse. “Recuperamos nuestras casas, pero la ley sigue permitiendo estas cosas. Nos queda la preocupación de que mañana pase otra vez”, comentó un residente afectado.