Las condiciones en las que operan las morgues del país vuelven a ser motivo de preocupación. La falta de presupuesto, personal insuficiente y una creciente cantidad de cadáveres sin identificar han llevado al colapso de estos establecimientos, donde los trabajadores enfrentan condiciones adversas para realizar su labor.
Desde hace años, el Instituto de Medicina Legal, encargado del manejo de las morgues, viene alertando sobre las deficiencias en su infraestructura y el déficit de recursos para atender las necesidades básicas del servicio. Sin embargo, las cifras actuales muestran que la crisis se viene profundizado, con instalaciones en estado crítico y servicios que no pueden garantizar la rapidez y eficacia que exige el sistema judicial.
El secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, David Hereña, en entrevista con Exitosa, advirtió que “lamentablemente la situación no ha variado en nada (en meses)” y que “el Ejecutivo no le da una mirada al Ministerio Público en la integridad de la función que cumple”. Según el experto, el problema no solo se limita a la falta de infraestructura adecuada, sino también a la escasez de insumos y condiciones laborales que afectan directamente a los trabajadores.
Infraestructura deteriorada y hacinamiento de cadáveres
Uno de los problemas más graves que enfrenta la Morgue Central de Lima es la falta de espacios adecuados para el almacenamiento de cuerpos. El hacinamiento llevó a que “tres o cuatro cadáveres” sean almacenados en un solo cubículo de refrigeración, lo que compromete la capacidad de conservación y genera riesgos sanitarios.
La falta de mantenimiento de los equipos también agrava la situación. “Los elevadores para trasladar los cadáveres a las salas de necropsia no funcionan desde noviembre del año pasado y no hay recursos para poder arreglarlo”, detalló Hereña. Como resultado, los cuerpos permanecen en condiciones inadecuadas, retrasando su identificación y entrega a los familiares.
Falta de personal y sobrecarga laboral
El déficit de trabajadores en las morgues obligó al personal a realizar turnos extendidos sin compensación económica. “Muchos compañeros tienen que hacer trabajo de sobretiempo que no es reconocido”, indicó Hereña. Esta sobrecarga afecta a los médicos legistas, técnicos en necropsia, biólogos forenses y otros especialistas cuya labor es esencial para el desarrollo de las investigaciones judiciales.
La falta de insumos es otro obstáculo para el desempeño del personal. La carencia de herramientas adecuadas ha llevado a que los trabajadores utilicen “cuchillos de cocina y sierras de construcción” para realizar las necropsias, según denuncias previas del gremio. Además, los insumos de bioseguridad no cumplen con las especificaciones técnicas necesarias, lo que expone a los trabajadores a enfermedades como la tuberculosis.
Los problemas logísticos han generado retrasos en la entrega de cadáveres a los familiares, una situación que prolonga el sufrimiento de quienes esperan dar sepultura a sus seres queridos. “Un padre de familia fallecido en un incendio tuvo que esperar una semana para ser entregado a sus hijos”, relató una periodista de Exitosa.
Estos retrasos también afectan el proceso de administración de justicia. La falta de insumos impide la realización de pruebas toxicológicas y otros análisis forenses en los tiempos establecidos. “Al no poder hacer las pericias, eso también retrasa la entrega del cadáver, porque una vez que se entrega ya es muy difícil obtener las muestras para los exámenes correspondientes”, explicó Hereña.
Falta de respuesta del Ejecutivo
A pesar de las reiteradas protestas y solicitudes de diálogo, el Ejecutivo no ha atendido las demandas del gremio. “Hemos solicitado reuniones con el ministro de Economía, el presidente del Consejo de Ministros y la propia presidenta de la República, pero no hemos sido escuchados”, afirmó el representante de los trabajadores del Ministerio Público.
El déficit presupuestario afecta no solo a la gestión de las morgues, sino también a las investigaciones de delitos graves, como homicidios y corrupción. “El sistema de seguridad ciudadana está roto porque se potencian ciertas áreas, como la Policía Nacional, pero el Ministerio Público no recibe el presupuesto necesario para cumplir su labor”, criticó Hereña.
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