El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte y aseguró que es víctima de una persecución judicial. Además, señaló que deben tomarse “acciones judiciales” contra los fiscales y agentes de la PNP que participaron en el allanamiento a la vivienda de la mandataria, así como al juez que lo autorizó al considerarlo un “atropello”.
Minutos antes de la medianoche del Viernes Santo, fiscales del Eficcop en colaboración con agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ingresaban a la vivienda de la presidenta, tumbando la puerta con un “torito”. Al día siguiente, esa imagen dio la vuelta al mundo. El fin de la diligencia era reunir evidencias e información del escandaloso caso Rolex. Para Adrianzén, este procedimiento fue “imperdonable” y lanzó una fuerte advertencia contra quienes participaron en su desarrollo.
El titular de la PCM, mantuvo el mismo discurso que el día que se llevó a cabo dicho operativo y cuestionó el proceder de los fiscales y del desactivado equipo de la Diviac. Asimismo, consideró que el sistema judicial hace diferencias en los casos en los que está involucrada la mandataria, en comparación con otros investigados.
“La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial que, en mi opinión, no hace más que marcar diferencias y esas tienen que ver con la manera cómo se ha tratado a la mandataria y respecto de otros casos que son significativamente diferentes”, agregó.
Hay que recordar que Harvey Colchado, quien lideró el operativo y era jefe de la Diviac, fue pasado al retiro y el equipo especial de la PNP que dirigía fue desactivado, Por otra parte, Marita Barreto, la fiscal coordinadora del Eficcop, está suspendida y los integrantes de su equipo pasaron ser parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Ejecutivo cuestiona allanamiento
El magistrado que autorizó el allanamiento fue el juez Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido del Ministerio Público y resaltó que si no se procedía de inmediato, había riesgo de que se perdieran los relojes Rolex, que son considerados pruebas en esta investigación. Además de la vivienda de la mandataria, también se llevó a cabo una diligencia en paralelo en Palacio de Gobierno.
Tras el operativo, los miembros del gabinete en conjunto rechazaron las acciones de la Fiscalía, al igual que algunos congresistas, quienes consideraron que se vulneró la investidura presidencial. En su mensaje a la nación, tras el allanamiento, la presidenta dijo que respeta la investigación, pero calificó la diligencia como arbitraria. “Soy respetuosa de la investigación fiscal; sin embargo, rechazo la forma cómo se hace, de manera discriminatoria e inconstitucional”, indicó.
En sus descargos, en aquel entonces, deslizó la posibilidad de que su ex jefe de Gabinete, Alberto Otárola, fue la persona que filtró la información sobre los relojes a la prensa.
“Esta primera presidenta en los 200 años de república no se rinde frente a este ataque sistemático y respetuosa de la autonomía de las instituciones estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a establecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidente no está detrás de lobbys o negociados y quién vendió la historia de los relojes lo sabe, porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona”, agregó Boluarte.
Ministerio Público defiende trabajo de fiscales
El Ministerio Público defendió la legalidad del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, asegurando que la diligencia se realizó bajo orden judicial y, por lo tanto, no puede ser considerada “ilegítima, inconstitucional o abusiva”.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, la Fiscalía explicó los detalles del operativo, que incluyó el descerraje de la puerta principal de la residencia de la mandataria. Según el pronunciamiento, los fiscales tocaron el intercomunicador y se identificaron ante Daniel Gómez Boluarte, quien recibió la solicitud de acceso voluntario. En respuesta, el familiar de la presidenta pidió que esperaran.
Sin embargo, tras varios minutos sin recibir respuesta y luego de insistir en reiteradas ocasiones, los agentes procedieron con el descerraje aproximadamente diez minutos después, conforme al acta de allanamiento y notificación de la medida judicial.
La relación entre la jefa de Estado y la Fiscalía de la Nación se ha definido por constantes enfrentamientos.
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