Perú en “crisis política crónica”: análisis internacional advierte que sin reformas, el país está condenado al estancamiento económico

El Perú atraviesa una situación inédita que ha dejado atónitos a propios y extraños: en apenas ocho años, el país ha visto desfilar seis presidentes, reflejo de una crisis política que muchos temen se vuelva permanente. Según un nuevo informe del Atlantic Council, un prestigioso think tank con sede en Washington, DC, la inestabilidad actual puede condenar la economía peruana al estancamiento si no se impulsan reformas estructurales de inmediato. Esta advertencia proviene del análisis recogido en los Freedom and Prosperity Indexes y de la experta en asuntos latinoamericanos Liliana Rojas-Suarez, quien subraya la urgencia de generar consensos.

El diagnóstico apunta a que el país, pese a haber tenido un notable período de estabilidad macroeconómica desde los años 90, sufre de un vacío en la implementación efectiva de leyes y políticas. “La debilidad de las instituciones y la gobernanza, reflejada en la burocracia excesiva, la corrupción y un poder judicial débil e ineficiente, dificulta la inversión del sector privado nacional y extranjero”, reza el texto. Para muchos inversionistas, el vaivén político y las constantes pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo elevan el riesgo de hacer negocios en territorio peruano.

La paradoja, como enfatiza Rojas-Suarez, radica en que el Perú mantuvo estabilidad fiscal e inflación controlada desde finales del siglo pasado, pero hoy la falta de liderazgo y la desconfianza ciudadana amenazan con erosionar esos avances. El informe señala que “la inacción de varias administraciones para implementar reformas estructurales esenciales” durante los años de bonanza minera dejó al país sin motores internos de crecimiento. Ahora, con la crisis política visiblemente cronificada, los expertos advierten sobre un círculo vicioso donde la inestabilidad alimenta la falta de reformas y viceversa.

La serie de renuncias y destituciones presidenciales que ha vivido el Perú desde 2016 no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de años de deterioro institucional. El documento del Atlantic Council recalca que en este escenario “hace extremadamente difícil que cualquier gobierno apruebe legislación sustancial o implemente su agenda de reformas.” La constitución de 1993, que permite al presidente disolver el Congreso y al Congreso destituir al mandatario por incapacidad moral, ha sido usada con gran frecuencia, generando así una cadena de gobiernos de transición sin estabilidad política.

En la práctica, este clima alimenta la percepción nacional e internacional de que el país se encuentra en un estancamiento político crónico, y no puede gestionar sus propios asuntos. Las protestas, la confrontación mediática y la falta de alianzas sólidas entre partidos dificultan la posibilidad de elaborar planes de desarrollo a largo plazo.

La investigadora Rojas-Suarez destaca que esta misma crisis contribuye a la desconfianza ciudadana en la democracia, pues no se ven mejoras palpables en la vida de la gente. El Latinobarómetro ubica al Perú entre los países de la región con menor confianza en la clase política. En consecuencia, “el camino hacia el populismo y el autoritarismo queda allanado”, advierte el texto, subrayando la gravedad de mantener un escenario de constante incertidumbre.

A pesar de los indicadores macroeconómicos favorables en términos de deuda pública e inflación, el informe recalca que la alta informalidad—que supera el 60% de la fuerza laboral—limita la recaudación tributaria, reduce la competitividad y perpetúa la precariedad de buena parte de la población. Esto, junto con la ausencia de reformas profundas en educación, salud y derechos de propiedad, mantiene amplias regiones del país desatendidas y con escasas oportunidades de desarrollo.

El texto añade que la volatilidad política afecta los flujos de inversión: “La inacción de varias administraciones para implementar reformas estructurales esenciales […] ha dejado el país sin los motores internos necesarios para un crecimiento sostenible”. En otras palabras, cuando el Estado no logra garantizar reglas de juego estables, ni seguridad jurídica, el sector privado se retrae. El resultado es una economía que depende de los vaivenes del mercado internacional de materias primas, exponiendo al país a bruscas caídas cuando los precios se deprimen.

Esa debilidad también se traduce en desigualdades regionales acentuadas. Mientras algunas zonas urbanas gozan de servicios básicos y oportunidades de empleo formal, en áreas rurales persisten las carencias de agua potable, electricidad e internet. El informe concluye que, sin una estrategia de desarrollo más amplia, el país seguirá “condenado al estancamiento económico” y podría perder posiciones en los rankings de libertad y prosperidad a nivel global.

No todo es pesimismo. El análisis del Atlantic Council menciona una ruta de escape: la llamada “transición verde”. El Perú cuenta con recursos minerales clave, como el cobre y el litio, y condiciones geográficas que le permiten explotar energías renovables (hidroeléctrica, solar, eólica). Invertir en estos sectores podría atraer capitales internacionales y, al mismo tiempo, generar empleos de calidad, siempre que se promueva la formalización de trabajadores y la capacitación técnica.

”Tengo la esperanza de que, reconociendo los beneficios potenciales de una estrategia de transición verde integral—como el crecimiento, la reducción de la pobreza y las mejoras en la equidad—se pueda catalizar un consenso incluso en un clima político fragmentado y polarizado”, afirma Rojas-Suarez en el documento. Para la economista, este enfoque podría construir un puente entre fuerzas políticas dispares al ofrecer una visión de desarrollo sostenible y rentable.

En concreto, la transición verde implicaría mejorar la infraestructura, reforzar la autonomía y preparación de los gobiernos regionales para ejecutar proyectos, así como flexibilizar el mercado laboral para fomentar la incorporación de pymes al sector formal. Sin embargo, el informe insiste en que la clave radica en la capacidad de la clase política para forjar pactos de gobernabilidad. En palabras de sus autores: “El Perú podría transformarse en un eje de inversión global, pero requerirá una voluntad política firme para superar la actual crisis crónica y encaminar reformas de fondo.”