
Aunque el dirigente de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), Rubén Ramos Zapana, insistió ante el Poder Judicial que no hay una relación directa de la agrupación con Antauro Humala, fuera de lo lógico y apariciones públicas, el mismo etnocacerista lo desmiente. A través de sus redes sociales, el condenado por el Andahuaylazo calificó de “fraude pre-electoral” la confirmación de la ilegalidad del partido.
Además de considerar que la decisión judicial fue “prevaricadoramente politizada”, adelantó que elevarán el caso ante el Tribunal Constitucional (TC) y, de ser necesario, instancias internacionales. Pese a no tener asegurada su habilitación, se mostró confiado de que con o sin inscripción lograrán obtener el respaldo de al menos el 50% del Congreso de la República.
“Secuestro electoral de nuestro partido no pasará. Inscripción se recuperará. Siempre optimista y seguro de la victoria final: Si estando en cautiverio y sin inscripción, el etnonacionalismo logró el 10% del legislativo (2020), pues para este 2026, ya en libertad, no bajamos del 50% con o sin inscripción“, aseguró.

Sus expresiones no solo confirman su liderazgo en la agrupación, sino que dificultan sus propias intenciones, pues uno de los principales argumentos por parte de Sala Civil Permanente de la Corte Suprema para confirmar su ilegalidad son sus discursos antidemocráticos y la falta de disconformidad por parte de los dirigentes del partido. Es en ese contexto que, durante su exposición, Ramos Zapana aseguró que Humala no solo se encuentra suspendido, sino que negó su influencia.
“La organización que yo dirijo ha iniciado una medida disciplinaria respetando nuestro reglamento. En estos momentos, este militante [Humala] se encuentra suspendido. No hay una relación objetiva. [...] Hay una desinformación mediática”, insistió y lamentó que los derechos de más de 36 mil afiliados se vean afectados ”por un tercero".
No obstante, luego de escuchar las partes, el Poder Judicial señaló que “las declaraciones verbales, escritos de los órganos del partido, sus dirigentes o líderes vinculan necesariamente al partido político del cual son miembros. Y si no consta una manifestación de rechazo frente a discursos y actuaciones que vulneran la democracia, corren peligro los derechos fundamentales de toda o parte de la población”.
En ese sentido, destacaron que prohibir la violencia como método político o propuesta ideológica no solo tiene respaldo constitucional, sino que también se sustenta en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, resaltaron que el rol de los partidos políticos en una democracia no solo consiste en participar en los procesos electorales para acceder al gobierno y conducir el Estado, sino en actuar en el marco de los principios y valores democráticos.

Como se recuerda, el etnocacerista se ha mostrado a favor de salir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, para “fusilar a expresidentes”. Asimismo, ha tenido duros calificativos contra la comunidad LGTBIQ+ y ha justificado un golpe de Estado en la actualidad, así como un cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una Asamblea Constituyente.
Ello, al mencionar en distintas entrevistas que cerraría al Parlamento por “no acatar la Constitución de 1979 que no pierde vigencia”, que un comandante general de las Fuerzas Armadas genere un “golpe de Estado no anodino, debería establecer el orden”, y que estaría dispuesto a fusilar a generales y coroneles del Ejército porque “el sistema funciona si el hombre sabe lo que va a pasar si se corrompe”.
Cabe mencionar que, como parte de las acciones, el tribunal ha ratificado la ilegalidad del partido, la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el cierre de todos sus locales partidarios una vez que la decisión quede firme.
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