Rafael López Aliaga reitera que ‘María maricón’ es una “blasfemia global” y evita referirse a la disolución del Sodalicio

El alcalde de Lima criticó la “tibieza” con la que algunos sectores han abordado la polémica y reprochó a los defensores del valor artístico de la pieza. Sin embargo, evitó referirse a la disolución del Sodalicio

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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a criticar este jueves a la obra ‘María Maricón’, que fue inicialmente censurada en el festival “Saliendo de la Caja”, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), por ser considerada desde el Gobierno y el Congreso como un ataque a la religión católica.

Durante un acto oficial en Breña, el burgomaestre calificó la pieza como una “blasfemia global” hacia la Virgen María y rechazó la “tibieza” de algunos sectores al referirse a la polémica. “Si insultan a mi mamá, no sé qué haría. Si a mi mamá le ponen esa palabra tan fea, no sé qué haría, perdería la razón. Uno tiene una reacción natural”, declaró.

López Aliaga, quien en el pasado afirmó que se flagela desde hace cuarenta años para cumplir con un compromiso de celibato y que está “enamorado” de la Virgen, reprochó la postura de quienes defendieron el valor artístico de la obra, dirigida e interpretada por el estudiante Gabriel Cárdenas.

“Me sorprende mucho la reacción de algunos personajes que digan (...) ‘es un tema de arte’, pero por vía del arte, insultar, insultar a la Madre de Dios, donde hay un amor de cientos de años, 21 siglos de amor que ya trasciende al Perú, es una blasfemia global”, afirmó.

También subrayó “falta de firmeza” en las respuestas de voces representativas, en clara alusión al cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien calificó el cartel de ‘María Maricón’ como una “desfiguración” de la Virgen, aunque aseguró que “nadie ha querido destruir su imagen”.

Universitarios rechazan clausura de obra "María Maricón". Video: ATV

“Estoy frustrado por esa reacción de personas que deberían defender con mucho ímpetu y fuerza a la Virgen”, agregó. Aunque apuntó que “no se puede ser tibio” y que “el infierno está empedrado de gente que se calla”, en ningún momento hizo referencia a la disolución del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), envuelto en los últimos años en denuncias e investigaciones por abusos.

De acuerdo con un informe de El Foco, la Asociación San Juan Bautista, vinculada al SVC (ya extinguido por el Papa Francisco), transfirió en calidad de fideicomiso 36 inmuebles a Acres Sociedad Titulizadora, una compañía fundada por el alcalde limeño. Las propiedades transferidas consisten en nueve cementerios que operan bajo la marca “Parque del Recuerdo” y otras 27 ubicadas en Lima.

Los documentos obtenidos por el portal periodístico mencionan que el objetivo de la operación era “utilizar los predios como respaldo para la emisión de valores mobiliarios, los cuales servirán como inversiones para el desarrollo y ejecución de los camposantos, reestructuración de deuda y fines institucionales”. La transacción fue formalizada el 6 de marzo de 2020 en la notaría Paino, siempre según ese reportaje.

El alcalde de Lima, Rafael
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acompañado de autoridades municipales y congresistas, participó de la Misa y Te Deum por el 490 aniversario de la ciudad de Lima. Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

Sodalicio reconoce 83 víctimas de abusos

El Sodalicio ha reconocido en un informe al menos 83 víctimas de abuso atendidas desde 2016, tanto menores como adultos. El documento incluye 15 casos de abuso sexual a menores, 18 a adultos y 50 de otros tipos de abuso, como físico, psicológico y abuso de autoridad.

Según el grupo, las reparaciones económicas alcanzaron un total de US$ 5,348,000, de los cuales US$ 336,000 se destinaron a terapias. Aunque el informe presenta un “perdón” a las víctimas, muchos sobrevivientes lo consideran insuficiente y opinan que su propósito es hacer creer que se han cumplido las recomendaciones de la Santa Sede.

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas calificó las reparaciones como “irrisorias” y denunció que el proceso de reconocimiento de víctimas fue gestionado por una comisión vinculada al mismo SVC, lo que dificultó la acogida de las víctimas. Además, cuestionó la cláusula de confidencialidad impuesta en los acuerdos de reparación, considerándola una forma de revictimización.

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