Delincuentes atacaron un bus de transporte público en San Juan de Miraflores (SJM) la tarde de este miércoles 22 de enero. Las balas alcanzaron a una niña de 5 años y al conductor de la unidad, ambos se encuentran heridos en el hospital María Auxiliadora.
Testigos del atentado —presuntamente perpetrado por una organización criminal para exigir el pago de cupos— narraron que los pistoleros, a bordo de una motocicleta, interceptaron al gran vehículo cuando sobreparó cerca del mercado José María Arguedas, en Pamplona Alta, para que algunos pasajeros descendieron.
Sin mediar palabra con el chófer, descargaron un total de nueve disparos. Uno de ellos le cayó a la menor, quien se encontraba parada junto a su madre en la escalera del bus. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.
Atentados no paran
La inseguridad en el transporte público sigue siendo una de las principales preocupaciones en SJM. Hace una semana, un grupo de sicarios disparó contra una combi de la Línea 22 en la cuadra 11 de la avenida Los Héroes.
El conductor, John Romero Melchor, y un pasajero fallecieron en el acto, mientras que los atacantes lograron huir. Según declaraciones de trabajadores de la empresa, este asesinato sería consecuencia de su negativa a pagar cupos exigidos por extorsionadores que los habían amenazado previamente.
Un caso similar ocurrió en noviembre de 2024, cuando un bus de la empresa Nueva América, que cubre la ruta Carabayllo-SJM, fue baleado en la avenida Camino Real, en Pamplona Alta. El conductor quedó gravemente herido tras ser atacado por sujetos en motocicleta. Este hecho, investigado como un caso de extorsión, evidenció la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público ante la criminalidad.
Paro de transportistas
Estos eventos se producen en un escenario donde los transportistas habían protagonizado paros en protesta por la inseguridad y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno.
En septiembre, las empresas de transporte en Lima y Callao suspendieron sus servicios por un par de jornadas, demandando garantías de seguridad y denunciando la falta de intervención policial ante las amenazas de extorsionadores.
Este paro fue seguido por movilizaciones en octubre, noviembre y diciembre, meses en los que la situación de violencia no mostró signos de mejora.
El gremio de transportistas, que agrupa a empresas como Nueva América, La Unidad de Villa y El Rápido, argumentó que la escalada de ataques contra sus vehículos era insostenible. Además, señalaron que muchos de estos casos quedaban impunes debido a la falta de investigaciones efectivas
La respuesta del gobierno de Dina Boluarte llegó tarde y de manera parcial. Si bien la Policía Nacional incrementó los operativos en puntos críticos de Lima sur, las medidas resultaron insuficientes para frenar la ola de violencia. Los transportistas denunciaron que, pese a las promesas de las autoridades, la seguridad en las rutas más peligrosas seguía dependiendo de la autogestión de las empresas.
En las últimas semanas, diversos dirigentes del gremio de transporte público confirmaron que se encuentra en debate cuál será su próximo accionar para exigir protección por parte de las autoridades. Las opciones que manejan es una movilización en Lima y otras regiones golpeadas por el sicariato, o un nuevo paro nacional.
Este panorama refleja una problemática que va más allá del transporte. La falta de control sobre las bandas de extorsionadores y la inseguridad estructural en distritos como SJM exige un enfoque integral y sostenido por parte de las autoridades. Mientras tanto, los transportistas y vecinos siguen enfrentándose a un escenario de incertidumbre y peligro constante.
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