El futuro del proyecto minero Ariana, ubicado en la cuenca de Marcapomacocha en la región de Junín, continúa siendo incierto. A pesar de que el Poder Judicial ha confirmado que esta iniciativa representa una amenaza real e inminente para el acceso al agua potable y el equilibrio ambiental, aún no se ha alcanzado un consenso sobre las medidas que deben tomarse. Según documentación a la que accedió Infobae Perú, el caso sigue en suspenso, y una nueva audiencia ha sido programada para el próximo 7 de marzo en la Primera Sala Constitucional de Lima.
El pasado 21 de enero, el juez Romero Roca emitió un voto dirimente que reconoció la amenaza que el proyecto supone para el sistema hídrico que abastece a más de 11 millones de personas en Lima y Callao. Sin embargo, el desacuerdo persiste en dos puntos clave: si las resoluciones que aprobaron el proyecto deben ser anuladas o solo suspendidas, y qué tipo de estudio técnico debe realizarse para evaluar su impacto.
Un fallo dividido y sin resolución definitiva
El caso Ariana ha estado marcado por la división entre los magistrados. En la segunda instancia, dos jueces votaron a favor de declarar nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que autorizaron el proyecto, mientras que otros dos se pronunciaron en contra.
Este empate llevó a la incorporación del juez Romero Roca, quien, aunque confirmó la amenaza al agua, optó por mantener la validez de las resoluciones y propuso suspender únicamente el inicio de las operaciones hasta que se realice un estudio de impacto ambiental complementario en un plazo de 12 meses.
Por otro lado, los magistrados Tapia y Ordóñez han insistido en la necesidad de un estudio técnico independiente e internacional que evalúe los riesgos del proyecto en un plazo de 30 días. Esta discrepancia sobre la naturaleza y el alcance de los estudios técnicos es uno de los puntos que deberá resolverse en la audiencia de marzo.
Riesgos para el sistema hídrico de Marcapomacocha
El sistema hídrico de Marcapomacocha, que abastece de agua potable a la capital peruana, ha sido señalado como altamente vulnerable ante las actividades del proyecto minero.
Desde 2014, la empresa estatal Sedapal ha advertido sobre los riesgos que el proyecto Ariana representa para el abastecimiento de agua en Lima y Callao. A pesar de estas alertas, el MINEM aprobó el proyecto en 2016, lo que desencadenó una serie de acciones legales por parte de ciudadanos y organizaciones civiles.
Cronología de un conflicto prolongado
El caso Ariana ha estado en el centro de la controversia durante casi una década. En 2019, ciudadanos de Lima presentaron una demanda de amparo constitucional solicitando la nulidad del proyecto. Dos años después, Sedapal se unió al proceso como parte demandante.
En 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines dictó una sentencia de primera instancia que ordenaba la suspensión del proyecto y la realización de nuevos estudios técnicos.
En 2024, los votos en la Primera Sala Constitucional quedaron empatados, lo que llevó a la intervención del juez Romero Roca. Aunque su voto dirimente confirmó la amenaza al agua, no logró resolver los puntos de discordia sobre la anulación de las resoluciones y la naturaleza de los estudios técnicos necesarios.
Ariana y la amenaza que cierne sobre el agua de Lima y Callao
Ana Leiva, abogada de la organización CooperAcción, explicó para Infobae Perú que, aunque se ha reconocido la amenaza que el proyecto representa, aún no se ha logrado una victoria completa. Según Leiva, dos magistrados han votado a favor de declarar nulas las resoluciones que aprobaron el proyecto, mientras que Romero Roca considera que el pedido de nulidad es improcedente.
La audiencia del 7 de marzo será crucial para definir el futuro del proyecto Ariana. En esta sesión, se buscará resolver los dos puntos en disputa: la validez de las resoluciones que aprobaron el proyecto y la metodología del estudio técnico que determinará su viabilidad. La especialista, que ha seguido de cerca el caso, destaca que la construcción de los componentes del proyecto podría generar impactos irreversibles en la cuenca de Marcapomacocha, lo que subraya la urgencia de una decisión judicial clara y definitiva.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste, y más de 10 millones de ciudadanos esperan una resolución que garantice la protección de sus derechos al agua y a un ambiente equilibrado. La audiencia de marzo será un momento decisivo en este prolongado conflicto, que sigue siendo un ejemplo de los desafíos que enfrenta el Perú en la gestión de sus recursos naturales y la defensa de los derechos fundamentales de su población.
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