La respuesta de la Ministra de la Mujer ante la ONU por el caso Sodalicio: “Le compete al Poder Judicial y Ministerio Público”

El caso Sodalicio, considerado el mayor escándalo de abusos sexuales, físicos y psicológicos dentro de una organización religiosa en el Perú, parece entrar en la recta final. Recientemente, se dio a conocer que el papa Francisco habría tomado la decisión de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana, una medida que responde a las graves acusaciones que han ensombrecido a esta institución y a sus fundadores durante años.

Tras la decisión de la Iglesia católica de suprimir esta organización, queda pendiente el rol del Estado peruano para que los responsables de las graves acusaciones sean llevados ante la justicia y se pueda reparar a las víctimas y sobrevivientes.

En ese contexto, José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio, estuvo Ginebra, Suiza, donde se llevó a cabo la presentación del Sexto y Séptimo Informe Periódico del Perú ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Durante su participación, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, fue cuestionada por el Ernesto Pedernera, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y otros miembros de la asamblea, por el papel del Estado peruano al momento de atender las denuncias del caso Sodalicio.

Aunque en la primera sesión, la ministra no contestó. En el segundo día de presentación, ante la insistencia de los otros participantes de la asamblea, la titular del MIMP señaló que las entidades correspondientes para atender el caso son el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Esta respuesta fue recogida por José Enrique Escardó, quien la calificó como vergonzosa y negligente. “Con esta respuesta queda demostrado lo que dije en mi informe a este comité y lo que comenté en mis conversaciones de ayer con su presidenta y vicepresidente: la negligencia del Estado en el caso Sodalicio es lo más vergonzoso de toda nuestra historia republicana”, compartió el periodista en su cuenta de X.

Escardó añadió que al terminar la sesión tuvo una breve conversación con la ministra, quien le pidió agendar una reunión a para su retorno a Lima.

Al conocer la respuesta de la ministra, la congresista Susel Paredes, informó que ya hizo llegar el documento final que trabajó la comisión investigadora del Congreso.

“Señora Señora Ministra, ya tiene usted en su despacho el informe del Sodalicio, elaborado por la comisión presidida por Alberto de Belaunde. Actúe de acuerdo a sus competencias”, señaló la parlamentaria.

El documento elaborado por la comisión incluye recomendaciones dirigidas a instituciones para abordar el impacto de la violencia sexual en niños y adolescentes, además de proponer políticas públicas que el Estado debe implementar para prevenir casos similares en el futuro.

Es importante recordar que, desde 2019, el informe redactado por Alberto de Belaúnde está listo para ser debatido; sin embargo, la falta de voluntad política, especialmente de las bancadas de derecha, ha impedido que avance y permanece archivado. Cabe mencionar que cuando se propuso la creación de este grupo de trabajo, Fuerza Popular votó en contra.

Fundado en 1971 en Perú por Luis Fernando Figari, el Sodalicio de Vida Cristiana es una comunidad católica que reúne a laicos y sacerdotes, alcanzando en su apogeo unos 20,000 miembros en América Latina y Estados Unidos. Sus integrantes, conocidos como sodálites, viven bajo estrictos principios de celibato y obediencia en comunidades, formando una organización con una ideología profundamente conservadora y estrechos lazos con grupos católicos de derecha en Perú. Según la periodista Paola Ugaz, coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, los sodálites se consideran “soldados contra la izquierda”.

Reconocido oficialmente por el papa Juan Pablo II en 1997, el Sodalicio ganó influencia política y financiera en Perú y logró expandirse a 25 países. Sin embargo, en la última década, graves denuncias de abusos sexuales, físicos y psicológicos han llevado a la organización a enfrentar investigaciones tanto por parte de la fiscalía peruana como del Vaticano. Según las víctimas, los vínculos del Sodalicio con sectores de poder habrían facilitado que muchas de estas denuncias fueran ignoradas o silenciadas durante años.