El Sodalicio de Vida Cristiana ha sido disuelto por el Papa Francisco. Si bien todavía no se ha hecho público el decreto que confirma su desaparición, la propia organización ha confirmado la decisión del Sumo Pontífice. La noticia ha merecido la reacción de José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos cometidos por los principales rostros de la comunidad religiosa.
“25 años de lucha están dando algunos frutos”, dijo Escardó a través de un video publicado en su cuenta de X. En su mensaje agradeció a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores del libro “Mitad monjes, mitad soldados” (2015) y a los sobrevivientes que compartieron sus testimonios.
La disolución del Sodalicio no significa el fin de su lucha, Escardó hizo un llamado a prestar atención al proceso que pondrá en marcha el Vaticano, así como velar por el cuidado de las víctimas y “las buenas personas que quedan en el Sodalicio para que se les proteja y puedan hacer una transición a lo que continúa en su vida”.
La Iglesia se encuentra limitada cuando de impartir justicia se trata, por ello Escardó resalta que es importante traducir la reciente decisión del papa Francisco a la justicia civil para que los responsables sean juzgados y las víctimas y sobrevivientes cuidados. “No se trata solo de una indemnización económica, hay que luchar por un proceso de sanidad integral que atienda las necesidades económicas y emocionales”, recalcó.

Escardó apuesta por la prevención como una de las luchas más importantes para que casos como el suyo y el de otras víctimas no vuelvan a suceder. Si bien ha transitado un camino de más de dos décadas, este recalcó que no celebra una venganza, sino la restitución de la dignidad de las víctimas.
José Enrique Escardó reveló los abusos de los que fue víctima a través de una serie de columnas publicadas en la revista “Gente”. Este señaló a Luis Fernando Figari, Germán Doig y otros responsables del Sodalicio como responsables del calvario vivido dentro de la organización. Este relató que sus superiores lo forzaron a dormir durante un mes en una escalera y, en una ocasión, lo intimidaron colocándole una cuchilla en el cuello. Además, señaló que, en ciertas ocasiones, tanto él como sus compañeros eran obligados a golpearse mutuamente, algo que describió como “un sistema de acoso organizado”.
Reprimenda al Estado peruano
El caso Sodalicio llegó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra. José Enrique Escardó, primer denunciante de los abusos, presentó el caso ante el comité, donde el presidente Luis Pedernera interrogó a la ministra de la Mujer de Perú, Teresa Hernández, sobre las acciones del gobierno respecto a estos abusos. Escardó expresó satisfacción por la atención internacional al caso y sostuvo reuniones con miembros del comité para abordar el tema.

La ministra Hernández presentó informes sobre medidas adoptadas por el gobierno peruano, pero fue criticada por ofrecer respuestas consideradas insuficientes y por atribuir responsabilidades a gobiernos regionales y locales. El comité instó al Estado peruano a responder adecuadamente sobre el caso Sodalicio y los abusos eclesiales en general.
“La negligencia del Estado peruano ha sido vergonzosa”, dijo Escardó a través de un video. Hernández únicamente presentó “planes, leyes y normas que”, según él, no se aplican en la práctica. “Parece que está dando un vacío discurso de 28 de julio: ‘se hizo, se está capacitando, se creó, se prioriza, se informa, se sensibiliza, etc.’ Una vergüenza. Y, de paso, aprovechó para culpar a los gobiernos regionales y locales para lavarse las manos”, concluyó.
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