Llegan 100 agentes Diroes y GRECO a Trujillo para reforzar seguridad tras explosión frente al Ministerio Público

La violencia que azota a la ciudad de Trujillo alcanzó un nuevo nivel con el reciente atentado contra la sede del Ministerio Público, ubicado en la avenida Jesús de Nazareth. Durante la madrugada del lunes 20 de enero, una potente explosión, provocada por explosivos ocultos en una caja, dejó un saldo de dos personas heridas, además de daños significativos en viviendas, negocios y vehículos de la zona. Este ataque, que conmocionó a la región La Libertad y al país entero, marcó un nuevo episodio en la escalada de criminalidad que afecta al Perú.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto, simulando ser repartidor de delivery, dejaron una caja frente al edificio del Ministerio Público y huyeron en motocicleta. Minutos después, la explosión generó una potente onda expansiva que destrozó ventanas de edificios cercanos, semáforos y afectó alrededor de 15 propiedades. Entre los heridos se encuentra Luis Alberto Rodríguez Inga, quien fue encontrado inconsciente dentro de su vehículo y trasladado al Hospital Regional de Trujillo. Además, un agente de seguridad sufrió lesiones leves.

El atentado movilizó a las principales autoridades del país, quienes llegaron a la ciudad para evaluar la situación y tomar medidas. Entre ellos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

El gobierno de Dina Boluarte calificó el ataque como un acto de “terrorismo urbano” y anunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán el control de la seguridad en Trujillo. En un comunicado, el Ministerio del Interior afirmó que “el hecho que se suscita hoy representa una respuesta criminal para amedrentar a las autoridades e intimidar a la ciudadanía. Sin embargo, la Policía Nacional no retrocederá y pondrá tras las rejas a todos los responsables”. Como parte de estas medidas, un contingente de 100 efectivos de las divisiones Diroes y GRECO llegó desde Lima para reforzar los patrullajes.

Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con mafias vinculadas a la minería ilegal. En ese sentido, expertos plantean la necesidad de determinar la trazabilidad de los explosivos utilizados.

El Ministerio Público también informó que las labores en su sede de Trujillo quedaron suspendidas debido a los daños materiales registrados. Los siete pisos del edificio presentan diversos daños, desde vidrios rotos hasta rajaduras estructurales. Mientras tanto, las diligencias continúan para esclarecer los hechos.

Las fuerzas especiales de la Policía Nacional iniciaron patrullajes en las calles de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad y restaurar la tranquilidad en la zona. Según el comunicado emitido por el Ministerio del Interior, “incrementarán los operativos contra el crimen” y se priorizará la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en la región. Estas acciones se suman a los operativos que ya venían realizándose para combatir el sicariato, la extorsión y otros delitos en Trujillo.

La criminalidad en Trujillo no es un fenómeno reciente, pero el ataque contra el Ministerio Público evidencia un incremento en la capacidad de acción de las organizaciones delictivas. El atentado se produce en un contexto de creciente inseguridad, donde mafias y grupos criminales disputan el control de actividades ilegales, desde el narcotráfico hasta la minería ilegal. Este panorama ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad, aunque el impacto de estas acciones aún está por verse.

Horas después del atentado, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Estado en la localidad de La Libertad. En este encuentro, participaron diversas autoridades locales y nacionales, incluida la presidenta del Poder Judicial y representantes de la Prefectura. Durante la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las medidas que se evalúan para decretar un toque de queda.