Investigan a 65 trabajadores de la Universidad Nacional de Piura por fraude de s/ 400 000 en contratación de servicio fantasma

El Ministerio Público formalizó la investigación contra 65 personas por la contratación de un servicio fantasma en la Universidad Nacional de Piura. El caso involucra al exrector de dicha casa de estudios, Edwin Omar Vences Martínez y otros funcionarios, quienes son sindicados como autores y cómplices del presunto delito de peculado doloso.

Según la denuncia, la UNP pagó al rededor de s/ 400 mil por el “Servicio de mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del archivo central”. Sin embargo, este servicio nunca se realizó.

De acuerdo con la carpeta fiscal a la que accedió el diario Correo, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, liderado por José Aurelio Jiménez Moscol, decidió formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Edwin Omar Vences Martínez, junto a Natalia Huiman Seminario, Cynthia Alzamora Rivas, Betsy Zamora Vignolo, Jorge Garcés Agurto, Luis Calle Estrada y Karina Galecio Angeldonis. Todos ellos son investigados como presuntos autores del delito de peculado doloso.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Piura también detectó las irregularidades en el proceso de contratación y determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios y servidores de esta casa de estudios.

Según el Informe de Control Específico N.° 004-2023-2-0203-SCE, la UNP autorizó en 2021 un gasto irregular de S/ 396,500 por un supuesto servicio de mantenimiento, habilitación y digitalización de información en su Archivo Central. Este monto fue desembolsado sin realizar el procedimiento de selección correspondiente ni contar con la documentación que acreditara la ejecución del servicio, en clara contravención de la Ley de Contrataciones del Estado y las normativas de Presupuesto y Tesorería.

El informe también detalla que, mediante la Resolución Rectoral N.° 1574-R-2021, del 4 de noviembre de 2021, se aprobó el pago a 61 proveedores. Sin embargo, se identificaron pagos realizados a personas que no estaban incluidas en dicha resolución. Además, los expedientes de pago presentaban inconsistencias con la resolución original emitida por Secretaría General, beneficiando de manera indebida a terceros con un servicio cuya prestación nunca se evidenció.

Entre los implicados en este presunto fraude, según el documento, figuran conserjes, secretarias, periodistas, familiares y exvecinos de las autoridades de la universidad, lo que agrava aún más el impacto de este caso en la gestión institucional de la UNP.

No es la primera vez que las autoridades de la UNP se ven envueltas en denuncias por corrupción. Hay que recordar que en agosto de 2024, el rector de la universidad fue sentenciado a arresto domiciliario al ser encontrado culpable de recibir coimas.

Una investigación realizada por el programa dominical Cuarto Poder reveló el momento en que Santos Montaño Roalcaba, rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), recibió la suma de 10,000 soles presuntamente destinada a la ejecución de un servicio dentro de la institución. Tras la difusión de estas imágenes, los estudiantes de la universidad lo acusaron de aceptar sobornos de manera reiterada y exigieron su destitución inmediata.

Luego de numerosas protestas y demandas por parte de los estudiantes, el Ministerio Público ordenó la detención de Santos Montaño Roalcaba. La Fiscalía Anticorrupción de Piura llevó a cabo su arresto mientras el rector se encontraba internado en un centro médico, donde recibía tratamiento por problemas oncológicos.