La construcción de la Vía Expresa Sur ha desatado una nueva polémica en San Juan de Miraflores, donde cientos de familias se encuentran bajo la amenaza de desalojo y demolición para permitir el avance del proyecto. Los residentes del asentamiento humano Felipe de las Casas acusan a la gestión de Rafael López Aliaga de ejercer presión sobre sus terrenos, reconocidos oficialmente por la Municipalidad de Lima desde 1994, sin llevar a cabo un proceso de negociación o compensación justa.
En el centro del conflicto se encuentran más de 350 familias afectadas, quienes aseguran que no están ubicadas dentro del trazado oficial del proyecto y que, a pesar de ello, han recibido notificaciones de multas de hasta 20 mil 600 soles por presuntamente ocupar terrenos públicos.
En conversación con Exitosa, José Suárez, dirigente de la Asociación Luis Felipe de las Casas, sostuvo que sus viviendas no ocupan el tramo de la Vía Expresa Sur, y que incluso cedieron un amplio espacio para la construcción. “Nosotros estamos fuera de vía desde el comienzo […] hemos cedido una manzana de 1.400 metros cuadrados para que se realice la obra”.
“No abandonaremos”
Ante esta situación, los residentes interpusieron una demanda que resultó en una medida cautelar que suspende temporalmente la obra en la zona. El dirigente José Suárez fue enfático al señalar que no abandonarán sus hogares: “Estamos decididos a no salir […] muertos vamos a salir del lugar, no vamos a abandonar nuestro sitio porque estamos ocupando más de 38 años y con legalidad incluso por prescripción adquisitiva”, expresó.
Según los residentes, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado procedimientos sancionadores e incluso notificó posibles demoliciones. El abogado Jorge Luis Guevara Querevalú, representante legal de los afectados, explicó que el gerente de Fiscalización municipal actúa arbitrariamente
Críticas a la gestión
Los afectados también cuestionaron las acciones de la gestión actual y recordaron los antecedentes de la obra. “Ese proyecto fue archivado por mutuo acuerdo en 2022, bajo la gestión de Jorge Muñoz”, detalló Suárez. Según los afectados, la reactivación del plan bajo el liderazgo de López Aliaga no respeta los acuerdos previos ni la documentación que respalda la legitimidad de sus terrenos.
El avance de la Vía Expresa Sur amenaza con desplazar a unas 350 familias de 24 lotes. En respuesta, los vecinos insisten en que no se irán sin defender sus derechos: “Queremos que se respete todo aquello que es legalmente concedido por la Municipalidad de Lima”, expresó el vecino de San Juna de Miraflores para el citado medio.
“No se paralizará”
Según un comunicado de la administración de Rafael López Aliaga, se presentó una denuncia penal contra John Javier Paredes Salas, juez titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. La denuncia señala que el magistrado habría incurrido en los delitos de prevaricato y usurpación de funciones.
La controversia surge por la medida cautelar emitida por Paredes Salas, que suspendía la demolición de viviendas en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve, ubicado en San Juan de Miraflores, como parte de las obras de ampliación de la Vía Expresa Sur. Según la comuna, dichas resoluciones deberían ser competencia exclusiva de una Sala Superior.
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