Congresista Wilson Soto presentó proyecto de ley para privatizar las cárceles del país

El congresista Wilson Soto Palacios, miembro del grupo parlamentario Acción Popular, introdujo un proyecto legislativo que propone la Ley de Privatización de los Establecimientos Penitenciarios. El objetivo es enfrentar la crisis estructural que actualmente enfrenta el sistema penitenciario peruano, derivada del hacinamiento y la falta de recursos para una gestión eficiente. Esta iniciativa ha sido remitida a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, así como a la de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para su estudio y dictamen.

El proyecto busca establecer un marco normativo integral para delegar en el sector privado parte de la administración de los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con el texto, la medida buscaría optimizar la gestión de los centros penales, favorecer su eficiencia económica, reducir el hacinamiento y mejorar los servicios esenciales, como salud, alimentación y reeducación.

Junto al congresista Soto Palacios, los coaturos firmantes del proyecto sonlos siguientes: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Silcia Monteza, Ilich López y Luis ángel Aragón

El ámbito de acción abarca todos los establecimientos penitenciarios del territorio peruano. Su implementación recaerá en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Dichas entidades deberán realizar evaluaciones técnicas y económicas para priorizar los penales a privatizar, basándose en el nivel crítico de hacinamiento y los costos de operación.

Entre los lineamientos establecidos, el proyecto subraya que cualquier modelo de privatización debe garantizar la participación obligatoria de los reclusos en programas de resocialización, que incluirían trabajo formativo y productivo. Los ingresos que generen los internos serían destinados a cubrir necesidades básicas. Además, se enfatiza que la seguridad interna y externa de los penales seguirá siendo responsabilidad exclusiva del Estado.

Uno de los puntos cruciales que aborda la ley es que el Estado mantendrá el compromiso presupuestario actual con los penales privatizados, administrando sus recursos mediante un esquema bajo contrato regulado.

La propuesta legislativa resalta que el sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis aguda, con una sobrepoblación del 136%, según datos del INPE de agosto de 2024. Este déficit de infraestructura significa que los 69 establecimientos existentes, diseñados para recibir a 41,556 personas, albergan a 98,127 internos. Esta situación viola derechos fundamentales y limita la capacidad del sistema para cumplir con los fines constitucionales de resocialización y rehabilitación de los condenados.

El documento cita, además, que el Decreto Supremo N.° 014-2024-JUS declaró en emergencia al sistema penitenciario, señalando como prioritarias medidas estructurales y urgentes para enfrentar los problemas de hacinamiento e inseguridad, agravados por actividades delictivas desde el interior de los penales. Como referencia, se menciona la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente N.° 05436-2014-PHC/TC), que declaró un estado inconstitucional debido al crítico hacinamiento.

Según el informe estadístico del INPE en julio de 2024, Jaén y Callao exhibían niveles extremos de hacinamiento, superiores al 490%, exacerbando los desafíos de control y gestión.

La privatización de establecimientos penitenciarios es una medida que ha generado controversia en varios países. En el documento presentado en el Congreso, se cita un artículo de UNESCO escrito por Leonard L. Cavise, quien señala que la administración privada de prisiones puede conllevar riesgos si los intereses económicos del sector privado prevalecen sobre los derechos fundamentales de los reclusos. Este modelo, aunque ampliamente utilizado en países como Estados Unidos y Europa, requiere mecanismos de supervisión rigurosos para evitar abusos.

Asimismo, el texto subraya la necesidad de que la justicia penal y las decisiones críticas, como la libertad vigilada o la reducción de penas, permanezcan bajo el control exclusivo del Estado para no comprometer la soberanía y la justicia.

El proyecto asegura que la privatización no generará un gasto significativo para el Estado, ya que se utilizará una colaboración público-privada que permitirá el financiamiento gradual de mejoras en infraestructura y servicios. Se espera que este modelo reduzca la reincidencia delictiva, mejore las condiciones de vida de los internos y optimice el uso de recursos públicos. Adicionalmente, se propone que las empresas que asuman la gestión participen en el diseño de nuevos servicios y generen oportunidades de empleo.