La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó este martes que inició un proceso sancionador contra el partido Fuerza Popular, liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, tras detectar posibles irregularidades en el uso del financiamiento público directo.
En diálogo con Canal N, el jefe del organismo, Piero Corvetto, señaló que no puede adelantar juicios sobre el resultado del expediente, pero detalló que el informe preliminar revela que los fondos provenientes del tesoro público no fueron utilizados correctamente.
“Hemos abierto un proceso sancionador al partido. Soy un órgano sancionador, por tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Nuestro informe en primera instancia consigna que no se ha hecho buen uso de fondos públicos”, dijo.
Corvetto agregó que, según la ley, el uso del financiamiento debe estar vinculado a aspectos de capacitación y funcionamiento. “Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado”, indicó.
De acuerdo con ese informe técnico publicado la semana pasada por Ideele Radio, Fujimori utilizó 27,921.53 soles de fondos públicos para costear el viaje que realizó a Estados Unidos del 28 al 31 de mayo del año pasado, junto al excongresista Juan del Águila y el asesor Marko Pacheco.
El documento destacó que el viaje no fue informado con la debida antelación de 15 días y también recogió la salida a Austria de Miguel ‘Miki’ Torres, vocero del partido, quien gastó 15,066 soles por su participación en una convención de líderes católicos.
Aunque el partido justificó este periplo como parte de su “defensa de la familia y la promoción de ideas”, la ONPE rechazó que se tratara de una actividad relacionada con la capacitación política. A raíz de estos hallazgos, el organismo electoral recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionador, que fue confirmado por Corvetto.
El viaje de Fujimori a EE.UU. produjo entonces que el fiscal José Domingo Pérez, exintegrante del equipo especial Lava Jato, solicitara al Poder Judicial la revocación de la comparecencia con restricciones y la imposición de prisión preventiva en su contra, al acusarla de incumplir reglas de conducta, como la prohibición de ausentarse de la ciudad de su domicilio sin previa autorización por escrito del juzgado.
El lunes, la Corte Superior Nacional anuló el juicio que enfrentaba la excandidata por presunta financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016, al aplicar una sentencia previa del Tribunal Constitucional. Con esta decisión, el caso ‘Cócteles’ retrocede a la etapa intermedia, es decir, al control de acusación.
El financiamiento público directo, destinado a partidos políticos y alianzas con representación en el Congreso, se utiliza para actividades como formación, capacitación, investigación y funcionamiento ordinario. El Estado asigna el 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto emitido en las elecciones al Congreso. La distribución de estos fondos se realiza anualmente, con el 40% dividido igualmente entre todos los partidos con representación, y el 60% según los votos obtenidos.
Similar panorama en Renovación Popular
Según Perú21, la ONPE también identificó irregularidades en el uso de fondos públicos por parte del partido Renovación Popular, presidido por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Un informe reveló que el partido gastó S/4,000 en servicios de “administrador de redes sociales” para promover la cuenta de TikTok del burgomaestre, lo que el organismo consideró inapropiado, ya que se trataba de promoción personal, no de actividades partidarias.
Además, se cuestionó el pago de S/28,000 a un abogado por servicios de defensa en una investigación sobre lavado de activos y asociación ilícita. Otros gastos, como la compra de sánguches en restaurantes, también fueron señalados como impropios para fondos públicos. La ONPE advirtió que esto podría constituir una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas, lo que abriría un procedimiento sancionador. López Aliaga aún no ha comentado sobre los hallazgos.
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