Expresidente del PJ rechazó acusaciones tras robo de piezas de computadoras por casi medio millón de soles

El expresidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, negó haber encubierto irregularidades en los procesadores de computadoras asignadas al sistema judicial, defendiendo la transparencia de su gestión. Durante una entrevista, Arévalo sostuvo que, el 12 de diciembre de 2024, presentó una denuncia policial sobre el caso, que fue remitida al Ministerio Público al día siguiente.

“En mi gestión, el 12 de diciembre, se hizo la denuncia policial y esta pasó a la Fiscalía el 13 de diciembre de 2024. Las computadoras que entregué estaban completas, eran del contrato 01. Los equipos afectados pertenecen a otro contrato”, precisó el exfuncionario, desmarcándose de cualquier irregularidad.

Además, aclaró que las computadoras no están ubicadas en el Palacio de Justicia, sino en un edificio donde se implementan los ejes penal y no penal relacionados con el expediente electrónico. “No he entregado computadoras malogradas. Eso es una gran mentira”, afirmó para Exitosa.

El 13 de enero de 2025, el Poder Judicial emitió un comunicado anunciando acciones frente a la presunta sustracción de equipos. Según el documento, se solicitó a la Oficina de Seguridad Integral implementar medidas urgentes para garantizar la protección de los bienes en custodia.

Asimismo, se informó que la entidad remitió información al Órgano de Control Institucional (OCI), exigiendo una auditoría exhaustiva sobre los procesos de adquisición, custodia y distribución de los equipos informáticos gestionados por la Oficina de Coordinación de Proyectos (OCP).

“Se remitió la información al OCI, solicitando una auditoría integral y exhaustiva”, señala el comunicado oficial.

El Poder Judicial enfrenta un grave escándalo de seguridad, tras revelarse el desmantelamiento sistemático de componentes esenciales de más de 100 computadoras adquiridas para la modernización del sistema judicial.

Estas máquinas, valoradas en 1.3 millones de soles y adquiridas durante la gestión del expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, fueron desarmadas entre enero y noviembre de 2024 mientras permanecían almacenadas en la sede central de la institución, ubicada en el jirón Carabaya frente a la Plaza San Martín.

Según informó el programa Panorama, las computadoras, tras ser compradas, fueron trasladadas inicialmente al almacén 401 del Poder Judicial y luego al almacén 302 en el mismo edificio, donde permanecieron durante 11 meses antes de ser repartidas a las diferentes cortes del país.

Fue en ese lapso cuando, presuntamente, una organización criminal intervino estos equipos para extraer manualmente los procesadores, considerados el “cerebro” de las computadoras por su alto valor económico. En un intento por camuflar el robo, los delincuentes reemplazaron estos componentes con piezas obsoletas, utilizando una técnica conocida como “cambiazo”. Esta operación delictiva ha generado pérdidas económicas cercanas al medio millón de soles.

El incidente, relacionado con la supuesta manipulación y extracción de piezas de computadoras destinadas al sistema judicial, ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control en la gestión de recursos tecnológicos. Según Arévalo, su administración no fue responsable de los hechos denunciados, enfatizando que los equipos bajo su supervisión no presentaron problemas.

El escándalo salió a la luz cuando las máquinas fueron distribuidas a la Corte Superior de Lima Este, cuyos trabajadores detectaron que los equipos estaban inoperativos. Esto llevó a identificar las irregularidades, incluyendo la manipulación deliberada y meticulosa de los componentes.