
La presidenta de la República, Dina Boluarte, acudió al Ministerio Público este lunes 13 de enero para responder sobre la presunta omisión de sus funciones tras someterse a una cirugía en junio de 2023. Según la investigación, la mandataria no notificó al Congreso ni al Consejo de Ministros sobre su ausencia mientras se realizaba una rinoplastía, por lo que habría dejado el cargo desatendido durante ese periodo.
Aunque su declaración estaba prevista para el 2 de enero de 2025, Boluarte solicitó reprogramarla. Ya en un mensaje a la Nación había admitido la cirugía, asegurando que no fue por motivos estéticos, sino para mejorar su respiración. También afirmó que la operación no implicó incapacidad alguna para liderar el país.

“La presidenta utilizó sus horas de sueño”
Desde Palacio de Gobierno, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, ofreció detalles sobre el testimonio que ella presentó ante el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales a través de las más de 45 preguntas que tuvo que responder en calidad de investigada.

Según contó el letrado, la presidenta estuvo aproximadamente entre 40 a 50 minutos sometida a la intervención el 28 de junio del año 2023 en horas de la noche. Durante dicho periodo de tiempo, Portugal aseguró que su patrocinada estuvo “absolutamente consciente, lúcida y, en todo momento de la intervención, despierta”.
“Al día siguiente regresó a sus labores oficiales y de presidenta sin ninguna consecuencia y sin ninguna problemática. La presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta tierra. Fue con anestesia local, no hubo ni un estado de inconsciencia, tampoco hubo falta de lucidez. Dada la irrelevancia de la operación, el posoperatorio se desarrolló por recomendación médica de manera ambulatoria”, finalizó.

Palabra de presidenta
Durante un encuentro con alcaldesas de distintas regiones, Dina Boluarte se refirió a su comparecencia ante la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación por presunta omisión de funciones y abandono de cargo en agravio del Estado.
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