El Gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia por 60 días en un total de 338 distritos pertenecientes a 20 regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, debido al “peligro inminente ante las precipitaciones pluviales intensas”. Esta medida tiene como finalidad ejecutar acciones excepcionales para la reducción del muy alto riesgo existente, así como para la respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas. Así lo informó el Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo 007-2025-PCM, documento que además establece las responsabilidades de diversas autoridades e instituciones.
Según detalla El Peruano, las regiones involucradas en esta declaración incluyen a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, además de Callao y Lima Metropolitana. “Esta decisión busca mitigar los efectos negativos del fenómeno climático y actuar de manera coordinada”, se subrayó en el documento oficial.
La norma destaca que serán los gobiernos regionales y locales, con el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), quienes deberán llevar a cabo intervenciones para enfrentar el impacto de las lluvias. Estas acciones estarán orientadas a la reducción del peligro y la rehabilitación de las áreas más afectadas. “Los responsables trabajarán conjuntamente con entidades del gobierno central para garantizar la efectividad de estas medidas”, aseguró Indeci acorde a lo publicado por el medio.
Además, el decreto involucra la participación de varios ministerios clave. Entre ellos, el de Salud; de Educación; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Desarrollo Agrario y Riego; del Interior; de Defensa; y de Transporte y Comunicaciones, entre otros. De acuerdo con El Peruano, también se enfatiza que “demás instituciones públicas y privadas relacionadas con la emergencia tendrán un papel activo en el proceso”.
En cuanto al financiamiento, el documento establece que las acciones serán cubiertas con los presupuestos institucionales de las entidades comprometidas, sin requerir “recursos adicionales del tesoro público”. Además, las actividades planificadas podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y condiciones que surjan durante su desarrollo. “Cada medida deberá contar con el respaldo de estudios técnicos que justifiquen su implementación”, especifica el texto del decreto, tal como lo difundió El Peruano.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, oficializó dicha norma, la cual cuenta además con las firmas del jefe del gabinete ministerial y los titulares de las carteras ministeriales involucradas. Según lo reportado, este acuerdo responde a un análisis exhaustivo de las condiciones climáticas que enfrenta el país actualmente.
Por otra parte, cabe recordar que fenómenos similares han impactado anteriormente de manera grave en Perú, lo que subraya la importancia de esta respuesta temprana y estructurada. “Es una acción que busca no solo mitigar el impacto inmediato, sino también construir resiliencia frente a futuros eventos extremos”, argumentaron las autoridades del Ejecutivo ante la prensa, citadas por El Peruano.
El Decreto Supremo 007-2025-PCM habilita a los organismos implicados a actuar con rapidez y flexibilidad, siempre respaldados por datos científicos y en constante coordinación con los diferentes niveles de gobierno. A través de esta disposición, se espera prevenir mayores daños a bienes y vidas humanas, en medio de un contexto de emergencia climática que afecta severamente a la región.
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