El Gobierno, en un esfuerzo por reducir la informalidad en el sector educativo, ha aprobado un proyecto de ley que extiende por tres años adicionales el plazo para que los docentes de colegios privados obtengan el título universitario exigido como requisito para seguir ejerciendo. Esta prórroga modifica el Decreto de Urgencia 002-2020, que inicialmente había otorgado un límite de cinco años para cumplir con esta exigencia, así lo informó la agencia de noticias Andina.
De acuerdo con la información publicada la tarde del miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que la medida responde a que aún un 28.8% de los docentes de instituciones privadas no han logrado obtener la titulación necesaria. “Pasados los cinco años, todavía existe un porcentaje significativo de docentes que no han podido cumplir este requisito”, señaló Adrianzén en un comunicado.
El Decreto de Urgencia original, publicado en el 2020, estableció una serie de medidas encaminadas a combatir la informalidad en el ámbito educativo privado y fortalecer la calidad académica en la Educación Básica. Sin embargo, las cifras actuales muestran que casi un tercio de los docentes han tenido dificultades para completar este proceso. “Es necesario garantizar que quienes se encargan de la formación de los estudiantes cuenten con la preparación académica adecuada”, añadió Adrianzén.
Contexto del Decreto de Urgencia 002-2020
La norma fue concebida inicialmente como parte de un conjunto de reformas para mejorar la calidad de la enseñanza en los colegios de gestión privada. Según destacó Adrianzén, esto forma parte de “un plan más amplio para la formalización del sector educativo básico, en consonancia con los estándares internacionales de educación”, dijo en declaraciones compartidas por la agencia. El porcentaje pendiente de titulación refleja desafíos estructurales y operativos en el acceso a programas universitarios por parte de los docentes, una problemática que, según las autoridades, debe ser atendida.
La ampliación del plazo permitirá que más docentes puedan cumplir con los requerimientos sin que se vean forzados a abandonar el ámbito laboral. El objetivo es evitar que la falta de titulación universitaria comprometa el empleo de un sector que ya enfrenta una precarización en varios niveles. “La profesionalización de los docentes es imprescindible, pero también debe ser viable dentro de las condiciones actuales del país”, resaltaron autoridades equivalentes en análisis citados.
Repercusiones y reacciones
La medida ha generado distintas reacciones en el sector educativo y en la opinión pública. Si bien algunos consideran que es un paso necesario para dar tiempo a los colegios y sus docentes a adaptarse a los estándares, otros critican que pueda interpretarse como una suerte de permisividad frente a la informalidad. Según publicaciones anteriores sobre el tema, ciertas asociaciones educativas privadas ya habían solicitado una extensión del plazo en vista de las dificultades logísticas y económicas generadas en los últimos años.
Entre los críticos, algunos sostienen que esta extensión podría dilatar las medidas para garantizar una enseñanza de calidad. En contraste, quienes respaldan la decisión del Gobierno argumentan que las condiciones excepcionales de los últimos años han complicado el acceso a la profesionalización docente, especialmente en regiones más alejadas de centros académicos. “Es un reto doble: hay que formalizar y hacerlo sin generar exclusión ni desempleo”, mencionó un analista citado previamente por diarios regionales.
En términos más amplios, el Decreto de Urgencia 002-2020 también incluye restricciones dirigidas a los colegios que lucran o incumplen con medidas básicas de funcionamiento, que buscan frenar prácticas indebidas en el sistema educativo. Estas disposiciones van desde el monitoreo de infraestructuras escolares hasta la fiscalización de servicios académicos prestados.
Hacia un enfoque integral
Para el Gobierno, esta extensión no representa únicamente una solución temporal, sino una oportunidad para redoblar esfuerzos en la capacitación docente desde una perspectiva integral. Además, se reforzarán las estrategias de supervisión para garantizar que los colegios gestionados de manera privada cumplan con todos los requisitos generales de funcionamiento legal, según comunicaron fuentes gubernamentales.
La titulación de los profesores es un tema fundamental en el debate sobre la calidad educativa en el país. Especialistas en políticas educativas han expresado que el cumplimiento de estos plazos evitará que fenómenos de informalidad y falta de estándares sigan avanzando. “Es una medida orientada al fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto”, han indicado fuentes consultadas en otras oportunidades, subrayando la importancia de la armonización de estándares académicos para el desarrollo del sector.
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