El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aun no ha entregrado una fecha tentativa en la que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte podría promulgar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. En el peor de los casos, tampoco ha señalado si es que la actual gestión refrendará esta normal o si llegará a observarla.
La principal razón del Ejecutivo, según lo ha mencionado esta tarde el premier en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, es que aun se encuentran dentro de los plazos establecidos y que la demora también se fundamenta en que están a la espera de las opiniones de los sectores involucrados en este dictamen, aprobado por el Congreso de la República.
“Lo que tenemos que decir en estos momentos es que nos encontramos en los plazos legales y estamos haciendo un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde, como siempre ocurre, cuando llegan las normas, los proyectos del Congreso, distribuimos entre los sectores concernidos y estamos esperando opinión de que todos se pronuncien. Este tema merecerá un análisis muy detallado”, informó Adrianzén Olaya la tarde de este miércoles 18 de diciembre.
En esa línea, aclaró que, de ser necesario, el gobierno de Dina Boluarte podría ampliar el nivel de consultas a otras esferas a efectos de poder “adoptar la decisión más adecuada”.
“Se trata de un tema absolutamente delicado y lo que no queremos desde el Ejecutivo es precipitarnos a tomar una decisión que eventualmente no sea la más correcta. Vamos a hacer las consultas a nivel de los sectores concernidos y, si es necesario, ampliaremos el nivel de consultas”, remarcó el premier.
Tienen un plazo de 15 días
Como se recuerda, durante la madrugada del sábado 14 de diciembre, el Parlamento aprobó con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia, figura que ellos mismos habían decidido eliminar pese a alertas del Ministerio Público.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicó que, ante la premura de la situación y el error cometido desde el congreso, el gobierno de Dina Boluarte debería dar prioridad a la promulgación de la norma.
“Ellos tienen un plazo de 15 días, pero evidentemente ante la premura, ante la urgencia y lo evidente del error en el cual se ha incurrido, yo creo que el Ejecutivo tiene que promulgarlo de manera inmediata”, manifestó para RPP Noticias.
El texto aprobado fue el acumulado de los proyectos de ley presentados por Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y María del Carmen Alva (no agrupada), quienes solicitaron restablecer la detención preliminar que ellos mismos habían eliminado. Al respecto, Luque destacó que se había llegado a un consenso con distintas bancadas para poder “corregir una decisión que no debió asumirse de manera tan ligera”.
¿Quiénes promovieron la ley de no flagrancia?
La Ley Nº 32181, que prohibe la detención preliminar en casos de no flagrancia, proviene de la acumulación de diversas iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley 3999/2022-CR: Presentado por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), con propuestas relacionadas con el principio de presunción de inocencia y la protección a adultos mayores y efectivos policiales.
- Proyecto de Ley 7115/2023-CR: Presentado por el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), enfocado en restringir la detención preliminar y prisión preventiva contra efectivos policiales que usen armas en cumplimiento de su labor.
- Proyecto de Ley 7965/2023-CR: Presentado por el congresista Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), también dirigido a garantizar la presunción de inocencia y proteger al personal policial.
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