Escándalo en el penal Ancón I: Director y administrador dejaron ingresar furgoneta cargada con cocaína

Una investigación fiscal ha señalado al director del penal de máxima seguridad Ancón I, Carlos Franco Medina, al administrador y a otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) como actores de un esquema criminal que permitió el ingreso de paquetes de cocaína en forma de ladrillos, sellados con los emblemas de dos cárteles de drogas, a través de controles penitenciarios que se presumían infalibles.

La pesquisa reveló que, en contra de todos los protocolos de seguridad, un sujeto identificado como Franco Polo Huacachi Rivera logró ingresar al penal con la droga. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que se burlaron los controles, sin que se detectara el uso de una falsa identidad en el sistema de control biométrico, según imágenes difundidas este domingo por el programa Cuarto Poder.

Huacachi Rivera, encargado de coordinar el ingreso del vehículo, utilizó un Documento Nacional de Identidad (DNI) falso. De acuerdo con el reportaje, el día de los hechos, contrató a un chofer al que, durante unos 25 minutos, obligó a descender de la furgoneta para eventualmente esconder la droga en los asientos. La secuencia de tomas lo muestran mientras conversaba con los policías cercanos, sin levantar sospechas.

Las imágenes también revelan que el director del establecimiento fue quien ordenó personalmente que el vehículo pasara los controles sin problemas. Huacachi Rivera incluso lo saludó con un apretón de manos antes de ingresar al recinto. Posteriormente, se acercó a los controles, donde entregó el DNI adulterado. El dominical precisó que, a sus 28 años, el imputado no cuenta con un documento de identidad, sino únicamente con su partida de nacimiento.

La camioneta, que supuestamente llevaba chatarra, pasó por tres inspecciones antes de estar a punto de descargar la carga. En la última revisión, Huacachi Rivera comenzó a ponerse nervioso, lo que alertó al personal penitenciario. Incluso realizó un gesto al chofer para que permaneciera silencio. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo, un agente del INPE descubrió cuatro ladrillos de cocaína en el respaldo de un asiento. Más droga fue hallada en la cabina. La Fiscalía Antidrogas llegó al lugar de inmediato.

En diálogo con el dominical, el presidente del INPE, Javier Llaque, reconoció que “lamentablemente” algunos agentes de la institución están ligados a actos ilícitos. “Para nuestro personal, (el implicado) estaba debidamente identificado, ya que no contamos con un lector de barras que nos conecte con el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) para verificar los 33 millones de peruanos en nuestras máquinas”, explicó.

“La persona era muy parecida a la de la foto, pero el INPE no tiene la capacidad para determinar si el DNI es falso”, agregó. De igual modo, aseguró que la institución “brindará” todas las facilidades para la investigación. “Nosotros no ocultamos nada, así que facilitaremos el trabajo de las pesquisas”, afirmó.

El Ministerio Público ha abierto una investigación formal sobre la participación de los funcionarios penitenciarios, ya que, según el reportaje, minutos antes del hallazgo, ellos se encontraban en un campo de chatarra. Para Huacachi Rivera, se solicitó una condena de 17 años de prisión, mientras que para el chofer del vehículo se pidieron 10 años. El juzgado aceptó la solicitud de este último, pero determinó que la prisión fuera suspendida.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína, con casi la mitad (45 %) de los cultivos de hoja de coca concentrados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una región que alberga cerca de 28,000 hectáreas de cultivo. Esta vasta zona selvática y montañosa en la vertiente oriental de los Andes se ha convertido en un refugio para los narcotraficantes, quienes operan protegidos por el último remanente de Sendero Luminoso.

Cuatro trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignados al penal El Milagro, en Trujillo, han sido asesinados, según informó el sindicato de trabajadores del INPE. Estos incidentes ocurrieron mientras los agentes intentaban mantener el orden dentro del establecimiento penitenciario, aunque las muertes se registraron fuera de la cárcel y datan de antes de la pandemia.

Más de 350 empleados del INPE en Trujillo han exigido al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que atienda sus demandas laborales. Los trabajadores denuncian que llevan una década sin recibir aumentos salariales, a pesar de los riesgos inherentes a su labor de vigilancia de reclusos de alta peligrosidad. Juan Domingo, secretario del Sindicato de Trabajadores, explicó que la falta de respuesta a sus reclamos ha llevado a la paralización de sus jornadas laborales.

El presidente del INPE, Javier Llaque, ya está al tanto de las mejoras solicitadas por los trabajadores, pero estas no han sido procesadas por razones que aún se desconocen. Una reunión programada buscaba establecer un diálogo entre el presidente del INPE, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la participación de algunos congresistas. Domingo afirmó que levantarán la huelga si se encuentra una solución satisfactoria.