En medio de serios cuestionamientos en su contra, sumados a investigaciones y presunto vacío de poder, la presidenta Dina Boluarte se expresó a favor de debatir el restablecimiento de la pena de muerte en el país. Consultados sobre su pronunciamiento, los abogados Víctor García Belaúnde y Heber Campos consideraron que tiene un fin político, pues solo busca distraer la atención de su rinoplastia, la cual fue confirmada por el expremier Alberto Otárola.
El también excongresista destacó que implementar la pena de muerte requeriría un proceso complicado, incluyendo la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una reforma constitucional, lo cual no es inmediato. Asimismo, sostuvo que la pena capital ha sido limitada e ineficaz en disuadir el crimen.
“Es un tema que se discute hace 100 años en el Perú, desde que existía y Dina Boluarte hoy ha sacado el tema a la luz para evitar que dejen de hablar de su nariz, sabiendo que es un tema muy complejo, ello saben que mañana no se puede aplicar. Están haciendo un psicosocial para distraer a la opinión pública del tema de la operación que la tiene hasta las narices”, expresó en diálogo con Canal N.
Mencionó que, de aplicarse, sería cuando ella no esté en el poder, por el plazo que se necesita para las gestiones relacionadas con salir de organismos internacionales y hacer las reformas constitucionales requeridas. Además, que una medida de esa magnitud “no hace que los delincuentes lo piensen dos veces o dejan de asesinar” ni que imparta justicia.

Como parte de los ejemplos mencionó el de Julio Vargas Garayar, fusilado el 20 de enero de 1979 al ser acusado de vender información a Chile y el del conocido como Monstruo de Armendáriz. “Hasta el día de hoy se discute si fueron o no culpables”, aclaró, por lo que consideró que, de establecerse, “es difícil que se pueda aplicar” y que no ve ningún provecho, “salvo desviar la atención en el tema de la nariz de la mandataria”.
Por su parte, Heber Campos coincidió que la discusión tiene un trasfondo político, sugiriendo que es una “cortina de humo” a fin de desviar el foco de atención. En entrevista con el medio en mención, el constitucionalista consideró que la propuesta tiene el “ánimo de generar debate, invitar a los especialistas y que se deje de hablar de las operaciones a las que se sometió la presidenta”.
“Yo estoy seguro de que sí se busca desviar la atención. Primero, porque no es una propuesta nueva. Cada cierto tiempo se plantea en el Perú, sobre todo cuando estamos en campaña electoral. Segundo, ya en términos jurídicos, porque la Constitución plantea los supuestos de una medida como esta. Tendríamos que ir a una reforma constitucional, pero previo a ello denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le impone al estado peruano una serie de limitaciones en materia de regulación de pena de muerte”, explicó.
“No es que denuncia [el también conocido como Pacto San José] y automáticamente nos desvinculamos. De hecho, la se estable que cuando se va a plantear una medida como esta se debe hacer un preaviso de un año de anticipación y tras ello hay un año más durante el cual el Perú sigue vinculado. Entonces, pese a la denuncia, no es algo sencillo de hacer”, agregó.

¿Quiénes se han pronunciado a favor de la medida?
Hasta el momento, a la declaración de Dina Boluarte se sumó el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, investigado y cuestionado por su manejo sobre la inseguridad ciudadana; así como el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien se refirió a la pena de muerte durante una interpelación en su contra en el Congreso de la República.
Al respecto, el Poder Judicial ya ha expresado su posición en contra. “Yo rechazo contundentemente la pena de muerte, yo no creo en la pena de muerte; creo que es algo que ya hemos superado y que no se puede restablecer en el Perú”, manifestó Javier Arévalo al ser consultado al respecto.
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