Dina Boluarte: la polémica sobre su operación de nariz cumple una semana sin respuesta oficial

A una semana de las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola, quien confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió en junio de 2023 a una cirugía en la nariz por supuestos problemas respiratorios, la mandataria no ha emitido una respuesta oficial.

La falta de aclaraciones y las versiones contradictorias han puesto nuevamente el foco en la transparencia de su gestión, generando dudas sobre el verdadero motivo de la intervención y el cumplimiento de sus funciones durante los días que duró su recuperación.

Las posibles cirugías estéticas de la mandataria se comentan desde hace bastante, pero no fue hasta julio de este año cuando fue consultada al respecto en conferencia de prensa. Su respuesta fue directa, pero evasiva: “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”. La frase no confirmó ni desmintió los rumores, pero sirvió para calmar el tema momentáneamente. Ahora, tras las recientes declaraciones de Otárola, cobra nueva relevancia y reaviva el debate sobre qué sucedió realmente en esos días.

Mientras Otárola afirmó que Boluarte no dejó de trabajar y que continuó ejerciendo sus funciones de manera virtual, otras voces contradicen esa versión. La exministra de Educación, Magnet Márquez, señaló que durante los 12 días posteriores a la intervención, Boluarte estuvo ausente de las reuniones del Consejo de Ministros, lo que generó interrogantes sobre quién asumió sus responsabilidades durante ese tiempo. Estas contradicciones han ampliado la controversia y han impulsado una revisión más exhaustiva de lo ocurrido.

En el Congreso, legisladores de diversas bancadas han cuestionado la falta de transparencia en torno a la operación. Algunos han solicitado formalmente que la presidenta Boluarte brinde explicaciones claras sobre su ausencia, mientras otros advierten que podría ser materia de una investigación parlamentaria por posible infracción constitucional.

En paralelo, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar para determinar si se vulneraron las obligaciones constitucionales de Boluarte. La principal interrogante es si la mandataria incumplió el deber de informar al Congreso sobre su ausencia, tal como lo establece la Constitución peruana. De confirmarse, esto podría tener implicancias políticas de gran alcance.

El tema ha generado amplio debate en la opinión pública. La falta de una respuesta oficial ha profundizado la percepción de que el gobierno no ha manejado la situación con la transparencia esperada. Analistas y críticos coinciden en que este episodio refleja un problema más amplio en la comunicación del Ejecutivo, donde las respuestas tardías o incompletas generan más dudas que certezas.

La polémica también ha servido como un recordatorio de la creciente desconexión entre la gestión de Boluarte y la población. La mandataria enfrenta ya una baja popularidad, con niveles de aprobación que, según encuestas recientes, no superan el 4%.

Este no es el primer episodio en el que la gestión de Boluarte enfrenta críticas por su manejo de la información. Desde el inicio de su mandato, sectores de la oposición y analistas han señalado vacíos comunicacionales y respuestas evasivas frente a temas sensibles, lo que ha deteriorado la confianza en su liderazgo. Episodios anteriores, como la falta de explicaciones claras en decisiones gubernamentales polémicas, han alimentado esta percepción de opacidad.

Si las investigaciones determinan que hubo abandono de funciones o una ausencia prolongada no informada, las implicancias políticas para la presidenta podrían ser significativas. La oposición en el Congreso ya evalúa acciones de control político que podrían incluir interpelaciones o pedidos de vacancia.

Mientras tanto, el silencio de la presidenta sigue siendo un factor clave en el desarrollo del caso.