Al cumplirse dos años de la primera muerte durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú, destacados organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos – WOLA, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH emitieron un pronunciamiento contundente.
En este, recordaron y denunciaron la brutalidad de la represión, que dejó 50 muertos y más de 1,400 heridos, y señalaron preocupantes indicios de un sesgo racista y una estrategia intencional detrás de estas acciones, atribuyendo responsabilidad a altos funcionarios del Estado peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.
El pronunciamiento resaltó que, durante estas manifestaciones, la policía y el ejército usaron balas, perdigones y gases lacrimógenos contra comunidades indígenas y campesinas, recordando la grave crisis de derechos humanos que viene sufriendo nuestro país desde aquel entonces. Las organizaciones consideraron este periodo como uno de los más oscuros en la historia reciente del Perú.
De otro lado, el pronunciamiento también denunció la insuficiente atención médica para las víctimas de la represión. Aunque el Estado creó una Comisión Multisectorial para brindar apoyo inmediato, cientos de personas heridas siguen sin recibir un tratamiento adecuado dos años después de los hechos.
Asimismo, las organizaciones alertaron sobre el debilitamiento del espacio cívico en Perú. Según el pronunciamiento, el Congreso ha introducido iniciativas que amenazan los derechos de reunión, asociación pacífica e independencia judicial, limitando las posibilidades de las víctimas de obtener justicia y visibilizar sus demandas.
En ese sentido, las organizaciones internacionales emitieron varios llamados:
- A la Procuraduría General: Garantizar investigaciones rápidas e independientes, con pruebas concretas contra los altos mandos responsables.
- Al Congreso: Evaluar de manera diligente e imparcial la denuncia constitucional contra la presidenta y sus ministros para que las investigaciones puedan avanzar.
- A la Presidencia y PCM: Implementar medidas eficaces para asegurar atención médica integral a las víctimas.
- A Estados Unidos: Suspender la transferencia de armas al Perú y aplicar la Ley Leahy para evitar que agentes involucrados en la represión reciban apoyo o capacitación.
- A la comunidad internacional: Presionar a las autoridades peruanas para acelerar las investigaciones y garantizar rendición de cuentas.
Muertes en protestas
Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú en medio de un clima político tenso, especialmente entre los seguidores de Pedro Castillo, quienes se oponían a su nuevo liderazgo. Estos detractores tomaron las calles para exigir un adelanto de elecciones, una demanda que escaló rápidamente debido a la represión de las fuerzas del orden. Durante estas protestas, se produjeron enfrentamientos que resultaron fatales, llevando a la muerte a decenas de ciudadanos.
Las manifestaciones, que comenzaron reclamando la liberación de Castillo, evolucionaron hacia demandas más amplias, incluyendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. El periodo más intenso de estas protestas se dio entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, periodo en el cual murieron 49 civiles y un policía, según reportes oficiales.
Estas muertes provocaron la creación de diversas organizaciones sociales, especialmente en regiones como Ayacucho y Puno, que expresaron su rechazo a los actos de violencia del estado. Estas organizaciones han mantenido su actividad, denunciando lo que consideran asesinatos y exigiendo justicia para las víctimas y reformas políticas sustanciales.
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