Congreso busca bloquear apoyo internacional a comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil

Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), ha expresado su preocupación por un dictamen del Congreso de la República que busca modificar las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Según Azpur, esta medida podría restringir la entrega de recursos de cooperación internacional a la sociedad civil peruana, afectando negativamente a amplios sectores de la población.

El dictamen en cuestión, que abarca los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354, tiene como objetivo limitar y controlar las actividades de diversas organizaciones ciudadanas, incluyendo medios de comunicación alternativos, gremios, colectivos, ONG y entidades como Eniex e Ipredas.

Esta propuesta ha generado inquietud entre defensores de derechos civiles, quienes consideran que representa una amenaza a la libertad de asociación y participación, dejándolos vulnerables a decisiones arbitrarias.

Hamer Manihuari, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha señalado que el dictamen perjudicará gravemente a las organizaciones indígenas, que dependen de la cooperación internacional para garantizar su seguridad jurídica y elevar sus demandas. Manihuari enfatiza que, aunque los pueblos indígenas no son ONG, la ayuda internacional ha sido crucial para su desarrollo.

Por su parte, Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), ha subrayado la importancia de la colaboración internacional para que los agricultores puedan combatir la inseguridad alimentaria, un desafío crucial para el país. Vásquez ha instado a los congresistas a reflexionar sobre el impacto del dictamen y a no desorganizar a la sociedad civil.

La preocupación de COEECI se centra en los posibles efectos negativos que el dictamen de la Ley APCI podría tener sobre la libertad de asociación y participación, pilares fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones de respaldo global.

Finalmente, el secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, ha manifestado su rechazo total al dictamen, argumentando que afecta a las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y los derechos humanos.

Minaya ha exhortado al Congreso a priorizar los temas urgentes del país, como el hambre y la inseguridad ciudadana, en lugar de perseguir a organizaciones que realizan una labor valiosa.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha advertido que si se aprueban los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354, se iniciarán procesos legales en los fueros internos del Perú.

Según Rivera, estas normativas son inconstitucionales y buscan hostigar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades ciudadanas, creando una “lista negra” de aquellas que denuncian abusos del Estado.

Esta situación ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes consideran que estas leyes representan una amenaza a la libertad de asociación y participación.

Rivera destacó que las organizaciones que reciben apoyo internacional ya son auditadas por diversas agencias, lo que garantiza su transparencia. Sin embargo, el Congreso parece estar enfocado en perseguir y reprimir a las ONG, según el abogado.

“Toma tiempo, pero ese es el camino que corresponde, más allá del proceso de movilización y protesta ciudadana. Lo que en realidad se quiere es una lista negra de organizaciones sociales y ONG que denuncian abusos del Estado”, aseguró.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) orienta y articula la oferta y demanda de cooperación técnica internacional en los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, dirigidos principalmente a apoyar la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, así como el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).