Víctimas de la violencia interna en Perú ya han recibido más de 300 millones de soles por parte del Estado

El Gobierno de Perú ha entregado más de 333 millones de soles en reparaciones económicas a las víctimas de la violencia interna ocurrida entre 1980 y 2000. Esta cifra forma parte del cumplimiento de la Ley del Plan Integral de Reparaciones, que tiene como objetivo indemnizar a las personas afectadas por el conflicto armado en el país.

Recientemente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó una nueva lista de beneficiarios, que incluye a 158 personas que residen en 15 regiones del país. Estos afectados, tanto civiles como policías y militares, recibirán un total de más de 1 millón de soles (aproximadamente 267,000 dólares) en concepto de reparación económica, sumando a los esfuerzos realizados a lo largo del año. Con esta nueva entrega, el gobierno avanza en su compromiso de reparar a las víctimas de la violencia interna que registran 166 afectaciones en el periodo mencionado.

Según el Minjusdh, con esta lista, el Estado ha logrado un avance del 97,57% en la implementación del Programa de Reparaciones Económicas, beneficiando a un total de 87.263 víctimas. A lo largo del proceso, se ha destinado un monto acumulado de 333 millones de soles para indemnizar a los afectados, incluidos aquellos que formaron parte de las fuerzas del orden, como policías y militares.

El proceso de entrega de reparaciones económicas se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley del Plan Integral de Reparaciones y en colaboración con el Consejo de Reparaciones, encargado de la creación del Registro Único de Víctimas (RUV). Este registro es clave para identificar a las personas que tienen derecho a las reparaciones, las cuales son transferidas directamente a las cuentas del Banco de la Nación.

El total de beneficiarios en este programa incluye no solo a civiles, sino también a las fuerzas del orden que fueron víctimas de las agresiones durante el conflicto armado. De acuerdo con el Minjusdh, los policías y militares también fueron gravemente afectados, ya sea por ataques o como parte del sufrimiento generalizado en las regiones más azotadas por la violencia. La inclusión de estas víctimas destaca la complejidad y el alcance de la reparación, que reconoce la pluralidad de los afectados por el conflicto.

Si bien se han logrado avances, el proceso aún enfrenta desafíos. La Defensoría del Pueblo ha recordado en varias ocasiones al Ejecutivo peruano la importancia de cumplir con las reparaciones económicas y otras medidas acordadas para todas las víctimas del conflicto armado. Las reparaciones, aunque bien recibidas por muchos, no han sido suficientes para subsanar completamente el daño causado por más de dos décadas de violencia.

Además, existen críticas sobre la necesidad de seguir ampliando el acceso a otras formas de reparación más allá de la compensación económica, como el acceso a servicios de salud mental, rehabilitación y educación para las víctimas. La reconciliación nacional es un proceso complejo y aún se encuentra lejos de ser completado.

Este programa de reparaciones es parte de un proceso más amplio. Se busca no solo la compensación económica, sino también el reconocimiento de las víctimas y la promoción de una memoria colectiva que permita evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

A pesar de los avances en el otorgamiento de reparaciones económicas, las víctimas siguen enfrentando barreras significativas para una verdadera recuperación. Muchos de los afectados siguen buscando justicia no solo en términos de compensación económica, sino también en la búsqueda de verdad y reconciliación. Aunque el Estado peruano ha dado pasos importantes, la reparación integral sigue siendo un reto pendiente que requiere más que solo transferencias monetarias.