El proceso de formalización minera en Perú, regulado por el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), enfrenta una crisis profunda tras siete años de implementación. Según un informe de El Reinfo es un fracaso absoluto: en 7 años solo el 2% de los mineros pudo formalizarse, el Congreso peruano decidió extender por seis meses la vigencia de este registro, con la posibilidad de una extensión adicional de seis meses, a pesar de su evidente fracaso al lograr que un porcentaje significativo de mineros se formalice. “Desde que entró en vigencia el REINFO en junio de 2017, se hicieron 90.265 registros, pero solo 2.108 consiguieron la formalización”, describe el medio.
En cifras, actualmente existen 84.434 inscripciones en el REINFO, de las cuales únicamente el 23% se encuentran en condición de vigentes, mientras que un alarmante 77% están suspendidas. Este panorama revela que la mayoría de los mineros inscritos se encuentran alejados del proceso de formalización. El Congreso, al extender el plazo de caducidad del REINFO, ha beneficiado más a aquellos que evaden cumplir con la ley, señala El Reinfo.
Las razones detrás de la alta tasa de inscripciones suspendidas varían, desde la falta de un RUC vigente hasta el incumplimiento con la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Minería Artesanal (IGAFOM). “Del total de inscripciones, 19.266 están vigentes y 65.168 suspendidas por razones como no acreditar el consumo de bienes fiscalizables”, reporta el medio. Estas cifras también explican cómo las regiones del sur, como Arequipa, Puno y Madre de Dios, con elevados porcentajes de suspensiones, han ejercido mayor presión para la continuidad del REINFO.
En declaraciones a El Reinfo, Mayra Figueroa Valderrama, directora de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, explicó que el proceso de formalización se ve obstaculizado por dificultades en acuerdos de explotación con concesionarios y la compleja tramitología. Figueroa mencionó también que el proyecto de ley presentado busca incentivar la firma de estos contratos y simplificar algunos trámites administrativos. “Este proyecto también habilita la posibilidad de aplicar incentivos mediante un decreto supremo”, dijo Figueroa a El Reinfo.
A pesar de estas propuestas legislativas, la asesora técnica de la Asociación de Pequeños Mineros Formales, Liliana Otero Salinas, expresó su escepticismo ante el proceso. En sus palabras a El Reinfo, afirmó que “la ampliación de plazos es un completo error”, argumentando que “de cerca de 90.000 inscripciones al REINFO, solo 2.000 se han formalizado”. Otero destacó también el aspecto de impunidad que representa el REINFO, señalando que facilitar la minería ilegal al impedir sanciones penales pertinentes.
La crítica hacia la decisión del Congreso no se limita al ámbito gubernamental. El Observatorio de Minería Ilegal, un colectivo de organizaciones y especialistas, declaró a El Reinfo que resulta alarmante la extensión de un sistema que ha otorgado impunidad durante más de veinte años sin implementar mecanismos efectivos de control.
Mientras tanto, la directora Figueroa enfatizó la necesidad de una gestión rigurosa para identificar a quienes verdaderamente buscan la formalización y cumplan con los requisitos necesarios. “Es necesaria una limpieza para identificar quiénes efectivamente están enfocados en lograr una formalización”, explicó Figueroa al medio. Su evaluación sintoniza con la opinión general de que la extensión por parte del Congreso hace poco, si acaso algo, para abordar las causas fundamentales que impiden la formalización efectiva.
Mientras continúa el debate, queda claro que el proceso de formalización minera en Perú necesita un replanteamiento profundo para revertir años de resultados insatisfactorios y evitar que el esfuerzo caiga en el olvido. La atención se centra ahora en los pasos que tomará el gobierno peruano y la respuesta del sector minero ante las actuales y futuras regulaciones.
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