Policías robaron S/1.500 a pasajero y rondas campesinas de Puno los obligaron a devolver el dinero

Dos agentes de la Policía de Carreteras fueron acusados de sustraer S/1.500 (aproximadamente USD 410) de un pasajero mientras se encontraban realizando un operativo en la carretera Interoceánica en Carabaya, en Puno. El hecho fue grabaron en video y, según prensa local, la intervención se realizó sin la presencia de un representante del Ministerio Público.

Una vez que se realizó la denuncia por parte del agraviado, las rondas campesinas del distrito de San Gabán se movilizaron hacia el lugar y no solo recuperaron el dinero, sino que forzaron a ambos policías a realizar ejercicios físicos en público a modo de castigo.

El afectado, Hugo Mamani Callata, informó que llevaba un total de S/5.000 (USD 1,363) cuando los policías, identificados como Juvenal Calla Díaz y Roger Hilasaca Chambi, le hicieron creer que sería investigado por lavado de activos si no entregaba parte de su dinero.

“Le infundieron miedo para que aceptara desprenderse de su dinero”, señalaron las rondas campesinas. Tras la intimidación, los policías ordenaron al pasajero que se fuera rápidamente bajo la amenaza de que otros colegas actuarían de manera más severa.

Al recibir la denuncia, el conductor del vehículo informó a las rondas campesinas, quienes retuvieron a los policías casi en flagrancia en San Gabán. Los efectivos negaron la acusación y ante las sospechas fueron trasladados a la plaza central del distrito, donde los ronderos exigieron a los agentes que confesaran y devolvieran el dinero, bajo la amenaza de aplicar justicia popular.

Bajo presión, uno de los policías devolvió públicamente el dinero, argumentando que todo había sido un error. Más tarde, ambos agentes pidieron disculpas y fueron obligados a realizar ejercicios físicos como castigo, práctica común en las rondas campesinas como método de corregir conductas inapropiadas dentro de sus comunidades.

El dinero fue finalmente entregado a Hugo Mamani, quien pudo recuperar la totalidad de la suma que le fue arrebatada. Los policías, por otro lado, fueron entregados a las autoridades de la comisaría de Carabaya.

Las rondas campesinas, no satisfechas con lo acontecido, llevaron el caso a una asamblea y emitieron una advertencia clara: si no se toman medidas administrativas y judiciales contra los responsables, expulsarán a todos los policías de la provincia en un mes. “Si el Ministerio del Interior no destituye a los responsables administrativamente... en un mes, echarán a todos los policías de la provincia de Carabaya“, expresaron.

En los últimos meses, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido objeto de intensos cuestionamientos debido a diversas denuncias de corrupción y abuso de poder. En octubre de 2024, un operativo llevado a cabo por el Grupo Terna de Manchay en El Agustino despertó la sospecha de ser un montaje.

La intervención, que inicialmente había resultado en la detención de nueve personas, fue tachada de falsa por familiares de los detenidos, quienes acusaron a los agentes de “sembrar” pruebas y manipular las pruebas para incriminar a ciudadanos inocentes. Este caso se suma a otros incidentes, como el de catorce policías arrestados por realizar operativos falsos y exigir dinero a cambio de la liberación de detenidos.

La PNP no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas acusaciones. En el caso de El Agustino, los detenidos siguen bajo investigación, mientras que la abogada de los intervenidos, Karen Guevara, ha señalado irregularidades en el procedimiento, como la ausencia de jurisdicción de los agentes involucrados y la desaparición del nombre de uno de los intervenidos de los reportes oficiales.

Por otro lado, en el caso de los catorce policías detenidos en octubre, las autoridades judiciales continúan con los procesos legales correspondientes para determinar responsabilidades.

Los cuestionamientos de los actos de la PNP también se suman a decisiones emitidas por el Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, que sancionó a 86 agentes de la Policía Nacional por maltratos físicos o psicológicos a miembros de sus grupos familiares, según reveló un informe del semanario Hildebrandt en sus trece. Otros cuatro policías fueron apartados de la institución por agresiones sexuales.

Solo entre enero y octubre de este año, el Tribunal revisó 366 expedientes que incluyen denuncias presentadas desde el año 2020. El reglamento disciplinario de la institución policial establece sanciones de seis a doce meses de suspensión por maltrato familiar, dependiendo del daño psicológico o físico comprobado.