Así cayó el inspector de Migraciones acusado de falsificar registros para hacer ingresar extranjeros: fue allanado en el aeropuerto Jorge Chávez

Un inspector de la Superintendencia Nacional de Migraciones fue detenido el último 26 de noviembre, tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Naciona. El funcionario es acusado de alterar los registros migratorios con el fin de facilitar la entrada y salida irregular de extranjeros del país.

El detenido, identificado como Edwin Larry Julca Becerra, enfrenta cargos por los delitos de atentado contra la integridad de datos informáticos y falsedad genérica, cometidos en perjuicio de la entidad encargada de regular y supervisar los procesos migratorios en el Perú. Además, está siendo investigado por su presunta pertenencia a una organización criminal que operaría en contra del Estado, con el objetivo de manipular los sistemas de control migratorio.

La operación llevada a cabo el pasado lunes estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Décima Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional del Perú. El equipo, compuesto por fiscales y efectivos policiales, arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en horas de la madrugada, donde se dirigieron al puesto de trabajo de Julca.

Luego de corroborar la información y otras evidencias, Julca Becerra fue detenido por un período de siete días, durante los cuales continuará la investigación sobre su presunto favorecimiento a extranjeros.

Asimismo, la Fiscalía, con la presencia de un defensor público, efectuó un allanamiento en la residencia donde el funcionario alquilaba una habitación, ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

El objetivo de la operación fue incautar toda la información relevante relacionada con la alteración de los registros migratorios, con el fin de esclarecer los hechos y reunir pruebas que respalden las investigaciones en curso.

Según la Fiscalía, el 17 de marzo del presente año, Julca habría ingresado información falsa en los registros migratorios, modificando el estatus de nueve extranjeros para que figuraran como si hubieran ingresado legalmente al país. Esta alteración permitía a los favorecidos abordar vuelos internacionales desde el aeropuerto Jorge Chávez o registrar salidas ficticias del Perú.

Durante el curso de las investigaciones, las autoridades descubrieron la existencia de una presunta banda criminal, que estaría integrada por otros funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, dedicada a facilitar el ingreso ilegal de extranjeros al país. Sin embargo, aún se desconoce la identidad de los demás miembros de esta supuesta red delictiva y se continúa con las indagaciones para esclarecer su composición y las posibles implicancias dentro de la entidad.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ratificó su compromiso en la lucha contra la corrupción, destacando su colaboración activa con la Policía Nacional y el Ministerio Público en el operativo que resultó en la captura de Edwin Larry Julca Becerra, inspector de la entidad, investigado por su presunta vinculación con una red criminal.

A través de sus redes sociales, la entidad emitió un comunicado en el que señaló: “Como parte de nuestra lucha contra la corrupción, colaboramos activamente con la indagación policial y fiscal que derivó en la detención preliminar de un inspector migratorio, investigado por presuntamente estar vinculado a una red criminal”.

En comunicación con Infobae Perú, Migraciones respondió a consultas sobre los procedimientos adoptados respecto al presunto atentado contra los datos informáticos en el caso de Julca Becerra. La entidad informó que, desde el inicio de la investigación, ha proporcionado la información requerida a las autoridades competentes.

Además, Migraciones destacó el trabajo de su Oficina de Integridad, encargada de la prevención de actos corruptos dentro de la institución. Se señaló que esta oficina lleva a cabo una supervisión constante de los procesos críticos, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, para garantizar la transparencia en los procedimientos migratorios y evitar la ocurrencia de hechos similares.