Las empresas privadas del Perú dejan de financiarse un megaproyecto al año para cuidarse de la inseguridad, según cifras del BID

El crimen y la violencia en América Latina y el Caribe avanzan hacia límites que muy pronto estarán fuera de todo control de las autoridades, con costos directos que alcanzaron el 3,4% de su PBI en 2022. En el caso de Perú, los costos privados para enfrentar la criminalidad podrían sustentar un megaproyecto cada año, según cifras de un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe del BID, titulado “Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe”, analiza los costos directos del crimen en 22 países de la región. En 2022, estos costos oscilaron entre el 2,83% y el 4,04% del PBI, siendo el Caribe la subregión más afectada con un 3,83% del PBI, seguida de Centroamérica con un 3,46%.

El estudio también aborda los costos indirectos del crimen, como su impacto en el crecimiento económico, la inversión y la productividad empresarial. Además, se incluyen análisis sobre cómo el crimen afecta al turismo, la migración y la productividad en la región. Estos hallazgos ofrecen una visión integral de las consecuencias del crimen y la violencia en las sociedades latinoamericanas.

Dentro de los costos directos, los privados representan el mayor porcentaje, con un 47% del total, equivalente al 1,6% del PBI. El sector público soporta el 31% de estos costos, mientras que el capital humano representa el 22% restante. Estos datos reflejan una ligera disminución respecto a 2014, cuando los costos directos del crimen eran 0,2 puntos porcentuales más altos.

A partir de los datos brindados por el BID, la agencia Phase Consultores ha realizado un cálculo de cuánto es lo que implica, en términos de dólares, la inversión promedio en seguridad ciudadana que materializan las empresas privadas del Perú frente a los demás países de la región. Algo que, sobre el ROI de cada una, podría traducirse como un costo sobre la marcha.

De acuerdo a Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, el costo privado para proteger a las empresas peruanas contra la inseguridad ciudadana en 2022 se ubicó entre los US$2.885 millones y los US$6.283 millones.

“El estudio del BID nos hace repensar sobre cuánto es el desvío de recursos que tienen que sacrificar los empresarios del sector privado para protegerse de la inseguridad, una merma sobre su actividad productiva. Esto implica menor crecimiento potencial, porque se trata de recursos que podrían ir a inversión, pero van a gasto corriente”, precisa el economista.

Sorprendentemente, si le sumamos el gasto público, nuestro país deja de liderar el ránking regional de inversiones en la lucha contra la inseguridad, es decir, el Estado peruano no destina recursos con la misma urgencia para enfrentar este flagelo como su contraparte privada.

Para hacernos una idea, los US$1.442 millones adicionales que invierten los empresarios de Perú para cuidarse de robos, extorsiones y sicariato equivalen a megaproyectos como el Puerto de Chancay (US$1.300 millones), Tía María (US$1.400 millones) o el Parque Industrial de Ancón y la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV juntos (US$762 millones y US$914 millones, respectivamente).

“De los gráficos del BID, se puede ver que el gasto público en seguridad (como diferencia entre total y privado) es más o menos la mitad del promedio regional. El sector privado debe desviar parte de sus recursos a conseguir la seguridad que el Estado no le da”, revela Odar.

El BID reconoce que América Latina y el Caribe es la región más violenta e insegura del mundo. Durante las últimas dos décadas, el bloque ha mantenido una tasa de homicidios consistentemente alta en comparación con otras regiones del mundo. En 2022, la región registró 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica la tasa mundial de 5,6.

Este nivel de violencia tiene un impacto profundo no solo en las víctimas directas y sus familias, sino también en el tejido social y económico de los países, limitando sus posibilidades de desarrollo.

La confianza en la policía en América Latina y el Caribe también se encuentra en un nivel preocupante, con solo un 51% de la población expresando confianza en las fuerzas del orden, de acuerdo al pronóstico del BID. Esta cifra es significativamente inferior a la observada en regiones como Europa occidental, el Sudeste Asiático y América del Norte, donde la confianza supera el 75%.

Además, más del 20% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe reportaron haber sido víctimas de un delito en los 12 meses previos a una encuesta reciente. Este dato subraya la prevalencia del crimen en la vida cotidiana de las personas y la necesidad urgente de abordar esta problemática de manera efectiva.