Congreso debate hoy proyecto de ley que exige colegiatura profesional: egresados tendrían que titularse para poder trabajar

El Congreso de la República del Perú debate desde el 26 de noviembre un polémico proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi. Esta propuesta, que busca imponer la colegiatura obligatoria como requisito para trabajar en cualquier ámbito —público, privado e incluso el ejercicio independiente—, ha generado un intenso debate entre los profesionales, los colegios profesionales, las autoridades gubernamentales y la ciudadanía.

En ese sentido, el proyecto ha sido calificado como una medida que busca regular y formalizar el ejercicio profesional en el país, pero también ha sido objeto de críticas debido a las posibles barreras económicas y burocráticas que podría generar para miles de egresados y bachilleres.

La normativa presentada por Flores Ancachi consta de cinco artículos y tres disposiciones finales. De acuerdo con el texto de la iniciativa, se establece que todos los egresados universitarios en el Perú deberán estar colegiados y mantener sus habilitaciones profesionales al día para poder ejercer legalmente cualquier profesión regulada en el país. Este requisito se extiende a todos los sectores, ya sea público o privado, y también afecta a aquellos que deseen desempeñarse de manera independiente.

Uno de los puntos clave del proyecto es que los colegios profesionales estarían obligados a emitir constancias de habilitación de manera gratuita hasta dos veces al año, con el objetivo de evitar las barreras económicas que puedan limitar el acceso de los profesionales al mercado laboral.

El proyecto también plantea que aquellos profesionales que tengan deudas pendientes con sus respectivos colegios profesionales, específicamente aquellas que superen los tres años, podrán fraccionar sus cuotas atrasadas en hasta tres partes. La idea es que esta medida facilite la regularización de deudas y permita a los profesionales acceder de manera más sencilla al ejercicio de su profesión.

Además, el proyecto modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo que se requerirá una habilitación profesional vigente para la apertura de negocios, lo que podría generar un impacto directo en las actividades comerciales y empresariales del país.

El proyecto de ley ha suscitado diversas reacciones dentro de los colegios profesionales, entidades encargadas de regular y supervisar las distintas profesiones en el país. Algunos de estos colegios han expresado su apoyo a la medida, señalando que la obligatoriedad de la colegiatura contribuirá a la formalización del ejercicio profesional, lo cual beneficiará tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que demandan servicios profesionales de calidad.

Sin embargo, la mayoría de los colegios profesionales ha mostrado su preocupación por la sostenibilidad económica de sus instituciones, dado que el proyecto propone que los colegios emitan habilitaciones profesionales gratuitas dos veces al año. Para muchos, esto representaría una carga financiera significativa, pues la emisión de estas constancias es una de las principales fuentes de ingreso de los colegios.

En este contexto, varios colegios han solicitado que se reformule el artículo 3 del proyecto, que establece la entrega gratuita de habilitaciones, argumentando que esto podría afectar gravemente los fondos necesarios para mantener el funcionamiento de sus entidades. La preocupación principal es que los colegios no podrán cubrir los costos administrativos derivados de la emisión de estas constancias si no se generan ingresos suficientes a través de las cuotas de los colegiados.

El costo de la colegiatura en Perú ha generado un intenso debate debido a que los elevados pagos afectarían los costos de formación profesional en el país. Según el abogado laboralista Renzo Torres, en conversación con Exitosa, algunos colegios profesionales cobran entre S/1000 y S/2000 soles por obtener la colegiatura.

Además, Torres señaló que los profesionales que solo cuenten con el grado de bachiller deberán primero obtener su título universitario antes de poder colegiarse. Esto implica un gasto adicional para aquellos que aún no han completado su titulación, en caso de que la norma que exige la colegiatura para trabajar sea aprobada por el Congreso.

El Ministerio de Educación (Minedu), aunque ha recibido el proyecto de ley, ha optado por no emitir una posición oficial sobre la viabilidad de la iniciativa. La entidad, liderada por Morgan Quero, ha argumentado que no es competencia directa de este ministerio pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto, ya que la propuesta se refiere a la regulación de las profesiones y no a los temas directamente relacionados con la educación superior.

Sin embargo, el predictamen sobre el proyecto de ley sugiere que la implementación de esta medida podría requerir ajustes administrativos importantes en diversas instituciones públicas. Por ejemplo, se tendría que establecer un mecanismo para coordinar la emisión de habilitaciones profesionales y la gestión de los colegios, lo cual implicaría una reorganización en varias entidades públicas encargadas de supervisar y regular las profesiones.

De acuerdo con el proyecto de ley, la obligatoriedad de la colegiatura afectará a todos los egresados universitarios en el país, quienes deberán inscribirse en uno de los 31 colegios profesionales que regulan distintas disciplinas en Perú. Entre ellos se encuentran el Colegio de Abogados del Perú, el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Contadores Públicos, entre otros.

La medida plantea un reto tanto para los profesionales como para las instituciones. A nivel práctico, la obligatoriedad de la colegiatura podría abrir nuevas oportunidades de regularización para muchos profesionales que no cuentan con las habilitaciones necesarias. Sin embargo, la exigencia de colegiarse también podría representar una carga adicional para aquellos que se encuentran en situaciones económicas precarias o que han acumulado deudas con sus respectivos colegios profesionales.

Además, la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que obligaría a presentar habilitaciones profesionales actualizadas para la apertura de negocios, podría generar un impacto directo en los emprendedores y empresarios que planean iniciar o mantener sus actividades comerciales en el país.