Polémica en la Biblioteca Nacional: directora nombra a criminóloga como asesora en lugar de literata con doctorado

La directora de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Ana Peña, designó el último martes a la criminóloga y politóloga Keila Garrido como asesora II de la Jefatura de la institución, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. El nombramiento ha generado debate, puesto que el cargo anteriormente estuvo ocupado por Guisella Gonzales, quien posee un máster y doctorado en literatura peruana y latinoamericana.

Garrido, criminóloga y politóloga, tiene experiencia en la formulación de políticas públicas contra el crimen, además de haber trabajado en monitoreo y evaluación de proyectos. Sus intereses abarcan crimen organizado, conflictos sociales y metodología en políticas públicas. Por su parte, la antecesora Gonzales se desempeña como profesora asociada y es investigadora en temas de literaturas regionales y estudios culturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

A pesar de esta clasificación, la jefa de la BNP únicamente posee un título en derecho administrativo y carece de la especialización en el sector que caracterizaba a sus predecesores. Anteriormente, se desempeñó como jefa de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Piura. Además, ocupó el cargo de gerenta de Supervisión y Fiscalización y fue directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. También integró el equipo revisor de la Comisión de Transferencia de Indecopi.

La falta de experiencia de la funcionaria fue criticada en su momento por la Asociación de Bibliotecólogos del Perú, que denunció una crisis en la BNP. Por su parte, la Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instó al Ministerio de Cultura a atender a las demandas del gremio, sin obtener una respuesta concreta.

Urteaga, una de las más cercanas a la presidenta Dina Boluarte, fue cesada en septiembre pasado después de ser cuestionada por cineastas por su inacción frente a una ley impulsada por la congresista Adriana Tudela (Avanza País), que regula el financiamiento de las películas peruanas que relaten las violaciones de derechos humanos durante la época del conflicto armado interno (1980 - 2000) y, por otro lado, limita el presupuesto para el cine de autor, regional e indígena.

En junio pasado, el Congreso aprobó la iniciativa legislativa con 84 votos a favor y sin segunda votación. Posteriormente, la exministra anunció su decisión de observar la norma, ya que el Parlamento no consideró un informe técnico de su ministerio sobre la importancia de respetar la libertad creativa y proporcionar financiamiento adecuado para los proyectos audiovisuales.

Urteaga fue pifiada en reiteradas ocasiones durante su gestión. Incluso en Puno un grupo de ciudadanos la echó entre insultos mientras reclamaba justicia por los fallecidos en las protestas antigubernamentales. Durante la tradicional Entrada de Kapus, los manifestantes vociferaron consignas como “Gobierno asesino”, “Vete de Puno”, “¿qué cosa quieres acá?”, aunque en todo momento ella hizo caso omiso.