Llegó la hora. El Poder Judicial ha autorizado el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por las presuntas coimas recibidas de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña por el “No” en el proceso de revocatoria de 2013 y su reelección en 2014. Según la tesis del Ministerio Público, Villarán y otros funcionarios implicados habrían recibido más de 11 millones de dólares en aportes.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, emitió una resolución de 1,953 páginas, en la que ordena el enjuiciamiento de la exfuncionaria, junto con 20 personas naturales y 10 personas jurídicas. Esta documentación fue remitida al Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde, de acuerdo con los plazos estipulados por ley, se realizará un sorteo para determinar cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del proceso contra Villarán de la Puente.
Cabe recordar que, en agosto de 2022, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación fiscal contra la exburgomaestre y solicitó 29 años de prisión. Villarán es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Entre los otros implicados en la acusación figuran José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano y Guillermo Loli. Asimismo, se encuentran involucradas las empresas Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima y JW Thompson.
El juicio de Susana Villarán no es el único que se ha iniciado en el marco del caso de megacorrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht y a varios expresidentes del Perú. Alejandro Toledo ya ha sido sentenciado, y el juicio oral contra Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, también se encuentra en desarrollo, al igual que el de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que comenzó en julio.
Acusaciones
La exalcaldesa de Lima Metropolitana enfrenta serias acusaciones por su presunta participación en una organización criminal que habría recibido más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS. Estos fondos habrían sido utilizados para financiar su campaña contra la revocatoria de su mandato.
La acusación formal presentada por la Fiscalía incluye cargos por asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Estos delitos se relacionan con la supuesta estructura criminal que la exalcaldesa habría liderado para obtener financiamiento ilícito. El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Villarán, hace más de dos años, el 25 de agosto de 2022.
El caso se centra en la campaña por el “NO” a la revocatoria, un proceso que buscaba destituirla de su cargo como alcaldesa de Lima. Según las investigaciones, las constructoras Odebrecht y OAS habrían canalizado los fondos a través de una red de colaboradores cercanos a la exalcaldesa, quienes habrían facilitado la recepción y el manejo de estos recursos.
La Fiscalía sostiene que la exalcaldesa y sus colaboradores habrían manipulado procedimientos administrativos y falsificado documentos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Esta estrategia habría sido clave para mantener la apariencia de legalidad en las operaciones financieras de la campaña.
Peajes
A puertas del inicio del juicio oral contra Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó al Poder Judicial la suspensión del cobro de peajes en la concesión Línea Amarilla, gestionada por Lima Expresa SAC. Esta acción se enmarca dentro de las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato que involucran a la empresa Línea Amarilla SAC, la Constructora OAS y la exalcaldesa de Lima. El pedido lo hizo el pasado 30 de octubre.
El documento presentado por el fiscal destaca la necesidad de suspender temporalmente el cobro del peaje para evitar que la población siga siendo afectada por tarifas reajustadas e incrementadas de forma ilegal en el contrato de concesión. Esta acción se considera esencial para poner fin a los efectos perjudiciales del delito investigado, según el requerimiento.
Pese a este pedido, Lima Expresa señaló que continuará con sus operaciones.
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