El 23 de octubre de 1999 el Perú fue noticia en diversos diarios del mundo debido a una tragedia ocurrida el día anterior: un desayuno escolar donado por el gobierno peruano a un colegio de la comunidad cusqueña de Taucamarca envenenó a más de 50 niños de entre 3 y 14 años, y causó la muerte de 24 de ellos.
La falta de cuidado en la preparación de los alimentos convirtió un acto caritativo en la fuente de una intoxicación dañina y mortal que tuvo como víctimas a menores de edad. Desde entonces, las madres y padres de los niños que fallecieron tras probar dicho desayuno, buscan justicia porque están convencidos que el Estado cometió una negligencia y exigen una indemnización por los irreparables daños causados.
Un desayuno mortal
La mañana del 22 de octubre de 1999, como era habitual, más de medio centenar de niños recibieron un desayuno nutritivo, compuesto por leche y pan, en el colegio local: el Centro Educativo Taucamarca N.° 50794.
Ubicada a 70 km de la ciudad del Cusco, esta localidad había sido la destinataria ese día de una donación alimentaria por parte del Fondo de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), un programa nacional del gobierno peruano que tiene como objetivo principal generar oportunidades económicas sostenibles para los hogares rurales en pobreza extrema.
Cuando los escolares, de entre 3 y 14 años, probaron la leche comenzaron a presentar signos de intoxicación y alrededor de una treintena de ellos fue llevada al hospital del Cusco, establecimiento de salud que fue declarado en emergencia y en alerta máxima debido a la cantidad de niños en grave estado.
Se determinó entonces que la bebida ingerida por los menores y preparada por el profesor Isaac Villena Núñez había sido mezclada accidentalmente con plaguicidas de etiqueta roja, es decir, venenos agroquímicos extremadamente tóxicos.
Los efectos en los menores fueron inmediatos; muchos no lograron llegar a sus hogares o murieron en las calles. El trágico resultado fue 50 intoxicados y 24 fallecidos. Mientras tanto, los padres de familia lloraban la pérdida de sus hijos en la escuela, que se había convertido en una morgue improvisada. Entre los cuerpos sin vida se encontraba el de un niño de tres años, quien había acompañado a su hermano mayor al colegio para compartir el desayuno con él.
Inicialmente, las autoridades policiales señalaron que la intoxicación se debía a un insecticida utilizado por los campesinos, versión que fue confirmada por los médicos del hospital de Cusco. También sugirieron la posibilidad de que la bebida hubiera sido preparada con utensilios contaminados con el veneno.
La lucha por la justicia
Al día siguiente de la tragedia, la comunidad de Taucamarca llevó a cabo un entierro masivo para los 24 niños fallecidos, exigiendo justicia por ellos. Victoriano Huarayo Torres, representante de los deudos, solicitó una indemnización por los daños ocasionados a través de una demanda presentada ante el Séptimo Juzgado Especializado de Lima contra la Dirección General de Salud (Digesa), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y Bayer, empresa de productos agrícolas y de protección de cultivos como insecticidas para el control de plagas.
No obstante, el pedido fue desestimado, ya que el juzgado argumentó que no existía un nexo causal entre los demandados y la intoxicación de los escolares. En 2002, Isaac Villena Núñez, el profesor que preparó los alimentos, fue condenado a prestar servicios comunitarios y pagar una reparación civil de 800 soles. Siete años después, Victoriano Huarayo regresó a Lima a para denunciar que su demanda presentada en el Séptimo Juzgado no había sido resuelta. Los familiares, por su parte, responsabilizaron al Estado por negligencia.
En 2016, el Tercer Juzgado Civil inició el informe oral sobre lo sucedido en Taucamarca. El abogado de las familias de las víctimas, Juan José Quispe, solicitó una indemnización a Bayer, argumentando que la empresa no había cumplido con los protocolos necesarios para proteger a la población que utilizaba sus insecticidas. Sin embargo, Bayer se deslindó de toda responsabilidad, afirmando que los padres de familia actuaron con negligencia al no diferenciar los productos no aptos para el consumo.
Han transcurrido 25 años y hasta la actualidad no se han encontrado culpables de la tragedia en Taucamarca.
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