El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por el caso Gasoducto. Al empresario brasilero se le acusa por ser cómplice del presunto delito de colusión agravada. La investigación también involucra al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, dado que el proyecto se ejecutó en su mandato.
El sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, a cargo del magistrado Leodán Cristóbal Ayala, declaró fundado el pedido de la fiscal Geovana Mori, del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – del Equipo Especial Lava Jato y le dio a Jorge Barata un plazo de diez días para ponerse a derecho ante las autoridades de su país para que posteriormente sea extraditado al Perú.
La disposición judicial también señala que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que colabore con la captura del imputado a fin de que pueda cumplirse la medida.
Acuerdo roto
Como se recuerda, Jorge Barata fue incluido en la investigación por el caso Gasoducto luego que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz que tenía con el Ministerio Público. El acuerdo de colaboración eficaz del superintendente de Odebrecht se revocó por orden de la Corte Suprema, el pasado 21 de junio, a petición del Equipo Especial, después que se negara a declarar en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Inicialmente, el acuerdo excluía a Barata de responsabilidad penal en el delito de colusión en los proyectos de construcción de Vía evitamiento Cusco, vía Costa Verde Callao, los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Sin embargo, al no cumplir con sus obligaciones como colaborador eficaz, ahora sería incluido en las investigaciones por estos procesos.
Es por eso que, a inicios de julio, el exfuncionario de Odebrecth anunció que no participaría más del juicio contra Humala, dado que podría usarse su testimonio en su contra. Esto significó un revés para otros procesos, como el que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya que el fiscal José Domingo Pérez había anunciado que Barata testificaría en este proceso.
Caso Gasoducto
El caso Gasoducto Sur Peruano ha marcado una nueva etapa en las investigaciones por corrupción que involucran a altos exfuncionarios del Estado. Este proceso abarca hechos cometidos desde el gobierno de Alan García (2006-2011) hasta el periodo presidencial de Ollanta Humala (2011-2016). Según la Fiscalía, durante los años en los que Humala estuvo en el poder, entre 2011 y 2016, se habría instaurado en el Ejecutivo una organización criminal encabezada por el expresidente y su esposa, Nadine Heredia.
La tesis fiscal sostiene que esta presunta red de corrupción operaba con la complicidad de funcionarios de Proinversión y otros actores clave, con el objetivo de beneficiar indebidamente a la empresa Kuntur Transportadora en el proyecto “Gasoducto Andino del Sur”. Además, habrían adjudicado ilícitamente el proyecto “Gasoducto Sur Peruano” al consorcio conformado por Odebrecht, Enagás Internacional y Graña y Montero.
La presunta concertación ilícita entre Humala, Heredia y Odebrecht tendría como fin defraudar al Estado peruano mediante la manipulación de la licitación de este megaproyecto de infraestructura, uno de los más importantes del país. Este caso es parte de la trama de megacorrupción que se extendió por diferentes países de América Latina.
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