El expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, ha sido denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República. La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, lo acusa de ser el presunto instigador del delito de colusión simple y agravada en perjuicio del Estado.
Los hechos que sustentan la denuncia están relacionados con la contratación de Rosa Pierina Rivera Bermeo, amiga de Otárola Peñaranda, en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Rivera Bermeo fue contratada mediante órdenes de servicio para prestar servicios tanto en la Presidencia Ejecutiva como en la Gerencia General de dicha entidad, durante el periodo en que Otárola Peñaranda ejercía como presidente del Consejo de Ministros.
La Fiscalía de la Nación ha señalado que esta contratación podría constituir un caso de colusión, debido a la relación personal entre Otárola Peñaranda y Rivera Bermeo, lo que podría haber influido en la decisión de su contratación en Devida. La denuncia busca que el Congreso de la República evalúe y determine la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros en estos hechos.
Este tipo de denuncias son evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que decide si procede o no iniciar un juicio político.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) es una entidad encargada de coordinar y ejecutar políticas y estrategias para la lucha contra las drogas en Perú. La contratación de personal en esta entidad es un proceso que debe seguir estrictos procedimientos administrativos y legales para garantizar la transparencia y la eficiencia en su gestión.
La denuncia contra Otárola Peñaranda se suma a otros casos de presunta corrupción que han sido investigados en el país, reflejando la continua lucha de las autoridades peruanas por combatir la corrupción en todos los niveles del gobierno. La resolución de este caso dependerá de las investigaciones y del proceso que siga el Congreso de la República.
Se pidió levantar secreto de las comunicaciones de Alberto Otárola
El Ministerio Público solicitó en junio de este año al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones del ex primer ministro Alberto Otárola.
El requerimiento, presentado por el Área del Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también incluye a Martín Augusto Villafuerte Kanemoto, gerente general de Devida. Los tres involucrados están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada.
Otárola y Villafuerte han mostrado su disposición a colaborar con la investigación, mientras que Rivera Bermeo ha manifestado su oposición a que se levante el secreto de sus comunicaciones. La resolución judicial fue evaluada por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley en audiencia privada programada.
En septiembre de 2023, el programa Panorama reveló que dos allegadas a Otárola visitaron la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posteriormente obtuvieron contratos significativos con el Estado. Estas visitas y los contratos consiguientes generaron sospechas de posibles favoritismos. Una de las beneficiadas fue Rosa Rivera Bermeo, quien visitó el despacho del premier el 2 de marzo de 2024, según un registro oficial de visitas a la PCM.
Rivera Bermeo obtuvo órdenes de servicio por un total de 54 mil soles tras su visita al despacho de Otárola. Este hecho ha sido uno de los puntos clave en la investigación que ahora lleva a cabo la Fiscalía de la Nación.
El caso ha generado gran interés público y mediático debido a las implicaciones de corrupción y favoritismo en la administración pública. La decisión del juez Checkley será crucial para determinar los próximos pasos en esta investigación.
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