
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, confirmó la capitalización de US$1.550 millones en favor Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (US$750 millones procedentes del préstamo estatal concedido en 2022) para evitar que la empresa se quedara sin liquidez para la compra de combustibles en septiembre e incurriera, al mismo tiempo, en causal de disolución.
En diálogo con RPP Noticias, Mucho destacó la importancia de Petroperú para el mercado nacional de óleos, en el cual atiende, de manera subsidiaria, las regiones más alejadas y donde las inversiones privadas no acceden.
En esta línea, el ministro explicó que Petroperú ha incurrido en pérdidas solo en momentos de crisis, como la privatización de 1994 de Alberto Fujimori, la crisis inmobiliaria del 2008, la crisis de precios del crudo de 2011, la pandemia de Covid-19, y luego una administración de Hugo Chávez Arévalo, designada durante el gobierno de Pedro Castillo. Cabe precisar que, en este episodio último, la actual presidenta Dina Boluarte era vicepresidenta en funciones.
“Esto fue muy dañino porque afectó la liquidez y cortó los plazos de crédito. Pero la empresa toda su vida ha aportado y los números son enormes. Si no damos este apoyo financiero, prácticamente, Petroperú paralizaría en el mes de septiembre por las restricciones para importar crudo. Eso afectaría la distribución de combustibles a nivel nacional, pues no podría honrar sus pagos a los proveedores, se cortaría toda la cadena y su atención en la selva”, reveló.
Según el titular del Minem, esta situación afectaría al sector transporte de carga pesada, las estaciones de servicio, aviación, generación elécrtrica, minería, FFAA, PNP y las empresas privadas, las cuales “no estarían en capacidad de operar sin la presencia de Petroperú”.
Pero esta no fue la única razón que orilló al Gobierno peruano a emitir una capitalización de la deuda de US$750 millones que tenía Petroperú con el Estado desde 2022, así como la capitalización de los US$800 millones que se le dieron en abril del 2024 para la compra de combustibles. El ministro Mucho reconoció que, sin el nuevo rescate, Petroperú era una firma oficialmente quebrada.
“Esto [la deuda antes mencionada] se capitaliza y la empresa emite acciones. Con esto, se va a permitir el cumplimiento del ratio de la Ley General de Sociedades y que no se incurra en quiebra o disolución, como dice el artículo 407, que señala que la sociedad se disuelve por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a una cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. Con esta medida, se salva el ratio”, espetó Mucho.
Vale precisar que Petroperú se rige actualmente por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que permite a los propietarios de la empresa (el Estado peruano) remover a discresión a los directores. Una de las principales taras a atacar que existen en la compañía, pues permite que todos los directores sean elegidos a dedo, y no por meritocracia.

La capitalización para Petroperú
Rómulo Mucho confirmó que se han establecido tres medidas para rescatar financieramente a Petroperú, como parte de una “fórmula que incluye nuevas capitalizaciones y más garantías estatales para el endeudamiento para la compra de combustibles. Pero también le pone, finalmente, metas de reducción de costos operativos para este y el próximo año.
De esta manera, será capitalizada (perdonada) la deuda de US$750 millones que se mantenía vigente desde 2022, y cuyo plazo de pago fue prorrogado en 2023 ya una vez, y también los US$800 millones que le fueron entregados a Petroperú en abril de 2024 para pagarle a los barcos que esperaban desembarcar petróleo en el Callao. Un total de US$1.550 millones.
Un segunda medida, explica el ministro, comprende la ampliación del plazo de reembolso de los documentos cancelatorios que tenía la empresa por pagar. Así, las deudas de corto plazo se “postergarán para más adelante”, como es el caso de los compromisos habidos con la española CESCE para la construcción de la nueva refinería de Talara. También se le concede US$1.000 millones más en garantías a nombre del Banco de la Nación para que pueda seguir endeudándose.
Finalmente, la JGA le exigirá a Petroperú un plan de reestructuración corporativa que vaya de la mano con una reducción de un 10% de los costos que incurre la empresa en el periodo septiembre-diciembre respecto a similar periodo del año pasado, porcentaje que deberá llegar a un 30% anualizado en 2025.

Reprivatización: se venderán los activos de Petroperú
A través de su cuenta en X, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó que la publicación del Decreto de Urgencia Nº 013-2024, donde están contenidas todas las medidas antes mencionadas, busca enfrentar la “difícil situación de Petroperú, garantizando su estabilidad financiera y el suministro de combustibles en todo el país, mediante una nueva gobernanza”.
“Este Gobierno está asumiendo la responsabilidad de recuperar Petroperú, una situación heredada de gestiones anteriores”, refirió el premier.
Sin embargo, mientras el documento oficial del Gobierno peruano habla de la posibilidad de la “venta, disposición u otras modalidades de gestión” de los activos no críticos de la petrolera, como el edificio central de San Isidro, Adrianzén habla directamente de una “venta”.
“Se reducirán los gastos de Petroperú en un 10% durante el período septiembre-diciembre 2024 y un 30% en 2025. ProInversión [además] será encargada de la venta de los inmuebles que no son necesarios para la actividad petrolera”, finalizó el premier.

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