Este miércoles, el Comité Ejecutivo del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) emitió un enérgico pronunciamiento en el que critica severamente al Gobierno de Dina Boluarte y a varios alcaldes distritales por su desempeño y falta de respuesta a sus demandas.
En concreto, exigen se declare emergencia ambiental e hídrica debido a la contaminación minera, así como “la inmediata llegada del alto comisionado encabezado por el premier Adrianzén y sus ministros”, resaltando que la falta de compromisos claros por parte del Ejecutivo para atender sus reclamos es inaceptable.
En ese marco, han anunciado un paro indefinido a partir de mañana en protesta contra el régimen. La población critica a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por posponer el reinicio de una mesa de diálogo crucial para abordar problemas socioambientales y otras obras esenciales para la provincia.
Exigen vacancia de alcaldes
El pronunciamiento también incluye una contundente condena a los alcaldes distritales de Espinar, a quienes el FUDIE acusa de “claudicación, traición e indecencia”. Según el comité, estos alcaldes han demostrado ser “traidores” al no cumplir con sus promesas electorales y colaborar con el Gobierno Regional del Cusco en lugar de defender los intereses de sus ciudadanos.
Por ello, han declarado a estas autoridades ediles como personas no gratas y exhortado a los frentes de defensa de cada distrito a solicitar su vacancia. “Los frentes de defensa de cada distrito deben solicitar su vacancia de estos alcaldes claudicantes por mentir y traicionar a sus electores”, manifestaron.
Asimismo, la alcaldesa provincial, Cludy Rosmery Laguna Ccapa, ha sido criticada por no ofrecer soluciones concretas a los problemas, junto con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
Pues, alertan que las comunidades están abandonadas y enfrentan dificultades extremas debido al deterioro del aire, agua y tierra, pues, se han encontrado que las concentraciones de PM10, que son pequeñas partículas en el aire que pueden causar problemas respiratorios, están mucho más altas de lo permitido.
Además, las aguas industriales que se descargan no cumplen con los estándares de calidad, lo que perjudica la irrigación y el uso ganadero.
Sin embargo, las empresas señaladas continúan defendiendo que sus impactos están dentro de los límites permitidos y que la contaminación documentada se debe a causas naturales, no a sus actividades.
Glencore, una de las empresas señaladas
En noviembre del año pasado, seis estudios recientes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmaron que las operaciones de la mina Antapaccay, operada por la multinacional suiza Glencore, están vinculadas a la contaminación del aire, agua y tierra en Espinar.
Específicamente, los informes del OEFA, realizados entre 2022 y 2023, revelan niveles alarmantes de metales pesados en el ambiente con impactos en trece comunidades cercanas a la unidad minera, muchas de las cuales son indígenas quechuas y k’ana.
No obstante, a pesar de estas evidencias, Glencore ha rechazado las acusaciones, argumentando que la contaminación proviene de procesos naturales de mineralización y no de sus operaciones mineras.
En ese marco, cabe recordar que, actualmente, la compañía suiza está expandiendo sus operaciones hacia la zona de Coroccohuayco en Espinar, generando nuevas preocupaciones sobre la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos expuestos a este tipo de contaminación.
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