La justicia ambiental avanza en la región amazónica más grande del Perú. Una importante victoria para la protección del río Nanay se ha conseguido tras la reciente sentencia dictada por la Sala del Primer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto por la defensa de este ecosistema, que abastece de agua a más de medio millón de personas en la región de Loreto.
Actualidad Ambiental, portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SDPA), informó que el juez Luis Miguel de Águila Campos declaró fundada la demanda presentada por el Comité de Defensa del Agua, que buscaba la nulidad de la concesión minera otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemment) a la empresa Raíces Gaddaffy.
La resolución reafirma el compromiso de la población en la defensa del medio ambiente y marca un precedente en la protección de recursos hídricos críticos en el Perú.
¿Cuándo inició esta lucha por la defensa del agua en la Amazonía?
El 31 de agosto de 2023, Ingemmet concedió a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de Raíces Gaddaffy, un título minero que abarcaba mil hectáreas sobre la cuenca del Nanay. La empresa, que según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se dedica a la silvicultura y otras actividades forestales, recibió autorización para operar en una zona crítica para la captación de agua potable.
La noticia provocó una oleada de rechazo y protestas autoconvocadas por los ciudadanos y organizaciones, quienes alertaron sobre los posibles impactos negativos de la minería en esta fuente de agua, que ya enfrenta las consecuencias de la contaminación de dragas de minería ilegal. En esa línea, ante el riesgo de un impacto aún mayor a la calidad del agua y la vida acuática del afluente, las protestas escalaron.
Posterioamente, en noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a cargo de Rómulo Mucho, emitió un decreto que suspendió la admisión de nuevas solicitudes mineras en el área del Nanay. Sin embargo, esta medida no aplicaba retroactivamente a la concesión ya otorgada, lo que dejó abierta la posibilidad de continuar con actividades mineras en el ecosistema. Por ello, en respuesta a la situación, el Comité de Defensa del Agua tomó acciones legales para retirar la concesión.
Resolución marca un precedente histórico: ¿por qué?
Luego de darse a conocer que la demanda de amparo presentada por el Comité de Defensa del Agua ante el primer juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto obtuvo una resolución favorable, el juez Del Águila Campos concluyó que la extensión de la concesión minera estaba situada en áreas cruciales para los recursos hídricos del río Nanay debido a los químicos utilizados en la minería.
Por tal razón, el fallo judicial no solo ordena la nulidad de la concesión, sino que también reafirma la importancia de proteger los recursos naturales frente a actividades que puedan comprometer su integridad.
Por su lado, a través del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Karina Garay, abogada de los demandantes, expresó: “Este fallo sienta un precedente que impedirá futuras concesiones en zonas donde las cuencas hídricas se vean afectadas. Como Estado, se debe priorizar la salud y bienestar de las personas por encima de otros intereses (...) De haberse declarado infundada esta demanda habría significado luz verde para la expansión descontrolada de la minería en el río Nanay y en otras cuencas de la región”.
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