Alerta sobre institucionalidad ambiental: incertidumbre en Senace por falta de designación de nuevo presidente ejecutivo

Sindicato de trabajadores advierten se está comprometiendo su capacidad para evaluar y aprobar proyectos en defensa del ambiente. Asimismo, rechazan las declaraciones del ministro del Ambiente, quien, aseguran, cuestiona la eficiencia de la entidad técnica, autónoma e independiente

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Juan Carlos Castro, actual ministro
Juan Carlos Castro, actual ministro del Ambiente, enfrenta críticas tras darle la espalda al Senace, critica sindicato. Fotos: Andina/Composición Infobae

La institucionalidad ambiental en Perú atraviesa un periodo de incertidumbre tras más de 50 días sin designarse al nuevo presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). La entidad técnica, autónoma e independiente encargada de asegurar la protección efectiva del ambiente y la población mediante los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aplicados a los proyectos de inversión en el país.

Ante esta situación, el sindicato de trabajadores Sutrecas-Senace emitió este martes un comunicado en defensa de la autonomía y legitimidad de la institución y, además, en respuesta a las declaraciones de Juan Carlos Castro Vargas, titular del Ministerio del Ambiente (Minam), y de Yury Alfonso Pinto, presidente ejecutivo interino de la entidad, quienes estarían cuestionando la eficiencia de la certificación ambiental.

Pronunciamiento de Senace.
Pronunciamiento de Senace.

¿Cuáles fueron las críticas al Senace?

De acuerdo al sindicato, Castro y Alfonso Pinto mencionaron que los trámites de evaluación de la entidad adscrita al Minam no se ajustan a lo establecido por la ley.

En primer lugar, critican que la aceptación de los proyectos de inversión tarden entre 4 y 8 meses, y, por otro lado, que viabilidad ambiental, trámite posterior para determinar los potenciales impactos ambientales y sociales relacionados a dichos proyectos, como los mineros, demore entre 4 y 6 años.

Para la organización de trabajadores, estas afirmaciones contradicen la realidad y afectan la credibilidad de la institución, señalando que los datos disponibles en el portal “Senace en Cifras” evidencian que los plazos de evaluación de los proyectos sí son adecuados y no suponen demoras exageradas como apuntaría el Ejecutivo.

Senace se encarga de realizar
Senace se encarga de realizar los estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, por ejemplo. Foto: Gian Yurivilca

Trabajadores hacen llamado a Contraloría y Congreso

Bajo esa línea, otra de las preocupaciones del Sutrecas-Senace es el retraso en la publicación de la resolución que formaliza el nombramiento de la nueva presidenta ejecutiva, cuyo proceso de selección de mérito finalizó en mayo de este año.

Pues, la falta de liderazgo institucional, reflejada en la designación de dos gerentes generales en menos de una semana, es vista como un problema persistente en los últimos dos años.

Sindicato de trabajadores de Senace
Sindicato de trabajadores de Senace exige al Congreso más vigilancia al sector ambiente para garantizar institucionalidad. Foto: Andina

Por tal razón, el sindicato solicita la intervención del Órgano de Control Institucional del Senace y exige la pronta emisión de la resolución para oficializar la elección del nuevo líder de la institución y así garantizar la autonomía de la entidad, clave para brindar seguridad y sostenibilidad a las inversiones y las poblaciones ubicadas en el entorno de las mismas.

Además, instan a la Contraloría General de la República y al Congreso a vigilar de cerca el sector ambiental con el objetivo de asegurar que las decisiones tomadas no perjudiquen la eficiencia y credibilidad del Senace.

Gobierno busca flexibilizar normas ambientales

En paralelo, se sabe que el Gobierno viene flexibilizando distintas normas ambientales desde inicios de año. Entre ellas está la aprobación de una reforma aplicada al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) para impulsar las iniciativas privadas, que fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el 24 de abril.

Actualmente, estos procesos pueden demorar entre tres y cinco años, pero con la nueva normativa los plazos se reducirán a un máximo de 150 días hábiles para los proyectos más complejos. Según el premier, esta agilización es esencial para mejorar la competitividad del país frente a otras naciones de América Latina.

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