Premier responde a comunicado de embajadas que rechazan ley que controla las ONG, y afirma que Perú es una república independiente

Esta tarde, el premier Gustavo Adrianzén respondió al comunicado emitido por 16 embajadas y delegaciones internacionales que han expresado su preocupación por las propuestas de enmiendas a la Ley 27692, que buscan regular la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con posibles impactos negativos para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento del exterior.

Pues, a pesar de que la medida busca incrementar la transparencia y supervisión de los recursos administrados por la APCI, diversas asociaciones civiles, como Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos, consideran que la iniciativa representa un grave ataque contra la libertad de organizarse y operar de las ONG.

Respecto al dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el 5 de junio, el presidente del Consejo de Ministros señaló categóricamente que “Perú es una república absolutamente independiente”. Asimismo, recalcó que el Gobierno tiene la facultad constitucional de reglamentar y modificar leyes, incluyendo aquellas que afectan al Ejecutivo.

El proyecto fue impulsado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, y aprobado con 12 votos a favor y uno en contra. Los congresistas del partido Fuerza Popular y otros aliados votaron a favor, mientras que el único voto en contra fue del legislador Luis Kamiche, quien argumentó que la propuesta contraviene el derecho constitucional de libre asociación y sugirió un texto consensuado con la participación de las ONG.

Específicamente, el dictamen establece la creación de una unidad especial adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), responsable del control y supervisión que fiscalice el uso de los recursos de las ONG, entre otras medidas que podrían utilizarse como una herramienta para obstaculizar su labor, opinan.

Dentro de este conjunto figura el incremento de sanciones por ser “partícipe o instigador de actos que vayan en contra de la paz social”, y la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público y otras entidades, cualquier indicio de ilícitos en el uso de recursos de cooperación técnica internacional.

Sobre ello, la Coordinadora de Derechos Humanos ha señalado que las sanciones administrativas propuestas son desproporcionadas y podrían disolver asociaciones sin causa justa ni debido proceso.

Este proyecto será evaluado en el Pleno antes de que culmine la legislatura el 15 de junio. Hasta el momento, se sabe que este cuenta con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, partidos que lideraron la votación en la comisión el 5 de junio con un bloque mayoritario de 14 votos.