El Ministerio Público informó este jueves que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, procederá a la apertura y extracción de información de los dos celulares Samsung que pertenecieron al expresidente Alan García (1949-2019).
Los móviles fueron incautados el 17 de abril de 2019 —cuando el exgobernante se quitó la vida en su residencia mientras iba a ser detenido de manera preliminar por su presunta vinculación con el caso Odebrecht— y, desde entonces, permanecen lacrados.
El procedimiento se realizará este viernes, desde las 10:00 horas, en las instalaciones de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, ubicada en el Cercado de Lima, con la participación de la defensa de los sucesores de García y de los investigados.
“Esta diligencia ha sido autorizada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la Resolución N.º 13 del 11 de marzo de 2024, y confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, mediante la Resolución N.º 16 del 24 de mayo de 2024″, sigue el pronunciamiento.
La acusación por corrupción contra García se originó en su segundo mandato, cuando la constructora brasileña, según la tesis fiscal, le pagó unos 6,2 millones de euros por la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima. Aunque la acción penal contra el exmandatario se extinguió con su muerte, el equipo de fiscales busca en los teléfonos confiscados información relevante sobre otros investigados, incluido ministros y colaboradores cercanos.
La extracción de datos deberá estar vinculada únicamente a la investigación por lavado de activos y otros delitos. Además, se prohíbe recuperar información no relacionada con el proceso o levantar el secreto de las comunicaciones de Nava, quien declaró que el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, entregó las coimas en maletines y loncheras al expresidente.
El abogado del exjefe de Estado, Erasmo Reyna, ha señalado que la autorización de levantar el secreto de las comunicaciones de los dos teléfonos es un “acto arbitrario e inconstitucional”.
“No se puede continuar actos de investigación sobre una persona que ha fallecido. Respecto a los herederos, son terceros en el proceso. No pueden ejercer ningún derecho de defensa en el marco de una investigación que no se sigue contra ellos. No se ha respetado el principio de legalidad procesal”, declaró en Canal N.
“¿Por qué no se ha levantado el secreto de las comunicaciones de los ocho investigados vivos? No se investiga a los muertos, pero sí al fallecido. [...] Estamos frente a un acto ilegal. Por primera vez en la historia se llevará a cabo una medida así contra una persona fallecida”, dijo.
Herederos y expertos jurídicos han expresado su desacuerdo y preocupación por las posibles filtraciones y el uso indebido de la información contenida en los dispositivos.
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