Amazonas: comunidades awajún exigen a mineros ilegales retirarse de su territorio para evitar posible enfrentamiento

Los dirigentes awajún del distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, advierten que cualquier conflicto que ocurra será responsabilidad exclusiva de los mineros ilegales y de los apus o familias que les permitan el ingreso

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Minería ilegal en el distrito
Minería ilegal en el distrito El Cenepa genera fragmentaciones entre las comunidades awajún. Fotos: Inforegión/ Moccic

El 29 de mayo, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), que agrupa a 63 comunidades nativas awajún, emitió un pronunciamiento en el que solicita a los mineros ilegales que explotan oro en diversas comunidades del distrito de El Cenepa, en Amazonas —exactamente en la frontera con Ecuador— que se retiren para evitar posibles enfrentamientos.

De acuerdo al portal Vigilante Amazónico, el pronunciamiento de Odecofroc se publica tras una comunicación previa, realizada exactamente en septiembre del año pasado, a todos los pamuks —apus o jefes— para que exhortaran a los mineros ilegales a abandonar el área en un plazo de 24 horas.

Sin embargo, muchos mineros permanecieron en el lugar, lo que llevó a la organización indígena a efectuar varios operativos con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y las autoridades comunales en los últimos meses del 2023 para forzar su retiro.

Comunicado difundido por ODECOFROC.
Comunicado difundido por ODECOFROC.

Comunidades evalúan movilizarse contra minería ilegal

En el comunicado, los awajún advirtieron que cualquier conflicto que ocurra será responsabilidad exclusiva de los mineros ilegales y de los apus o familias que les permitan el ingreso.

Asimismo, en diálogo con el portal Vigilante Amazónico, un representante de Odecofroc informó que la situación es alarmante, pues, se ha contabilizado hasta 60 dragas a lo largo del río Cenepa.

En tal sentido, con el fin de reducir los riesgos y amenazas, los representantes de las comunidades awajún entregaron personalmente a los propietarios de las balsas utilizadas para la extracción de oro ilegal el pronunciamiento, esperando que estos se retiren de manera pacífica.

No obstante, las comunidades de Huampami y Kusukubaim todavía están evaluando la posibilidad de una movilización contra la minería ilegal en el distrito, incluyendo la participación de otras comunidades, con el respaldo de la policía y otros actores locales.

La comunidad awajún Kusu Kubaim
La comunidad awajún Kusu Kubaim es la más amenazada por la minería ilegal, informa ODECOFROC. Foto: Ojo Público

En esa línea, si bien todas las comunidades awajún que viven en el distrito de El Cenepa se encuentran en situación de riesgo, Kusu Kubaim es la más afectada. Sin embargo, la lejanía de esta comunidad dificulta el monitoreo de la extracción ilegal de oro, por lo que Odecofroc se ha comprometido a seguir de cerca su situación.

¿Por qué algunas comunidades apoyan la extracción de oro ilegal?

De acuerdo un análisis del antropólogo Rodrigo Lazo, la minería ilegal en la cuenca del río Cenepa se ha incrementado notablemente en los últimos años debido a un apoyo significativo de algunas comunidades awajún a esta actividad ilícita.

Según Lazo, el contexto que rodea el apoyo a la minería ilegal incluye una demanda insatisfecha de servicios básicos y una estructura de poder desigual dentro de las comunidades, donde ciertos líderes y familias tienen dominio sobre recursos y decisiones.

Bajo ese panorama, las intervenciones del Estado, como las interdicciones de las Fuerzas Armadas, no han logrado reducir la presencia de los mineros, que suelen ocultar su equipo para evitar la intervención. A ello, se suma la ausente presencia estatal y gestiones infructuosas que alimentan el resentimiento y la aceptación de la minería ilegal como una forma de reclamo.

En ese sentido, Lazo destaca que la aceptación de la minería ilegal no solo responde a necesidades económicas, sino también a factores estructurales, como la falta de infraestructura en salud, educación y comunicaciones y la visión de la minería ilegal como una forma de presión al Estado para invertir en sus comunidades.

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