
Volverá a ser titular de la Procuraduría General del Estado. El Poder Judicial declaró improcedente la acción de amparo impuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros e infundada la presentada por el Ministerio de Justicia en contra de la restitución de María Caruajulca.
“Se resuelve: CUMPLA la parte demandada Presidencia de la República y Ministerio de Justicia con reponer en el día y bajo responsabilidad a la actora MARIA AURORA CARUAJULCA QUISPE como Procuradora General del Estado, conforme a los términos de la decisión cautelar, y bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público dada la evidente dilación”, se lee en la resolución formulada por la Primera Sala Constitucional a la que accedió Infobae Perú.

El gobierno de Dina Boluarte se opone al retorno de la abogada, alegando que ese puesto “se encuentra legalmente ocupado” por Javier Pacheco y que resulta “jurídicamente imposible dar cumplimiento al mandato cautelar”. Sin embargo, el tribunal desestimó ese argumento, indicando que no se puede vulnerar el derecho de la demandante solo porque el cargo que reclama está en posesión de otra persona.
“Señalarse que las acciones posteriores a la ocurrencia de la infracción, no le podría generar ningún derecho al infractor, pues de lo contrario significaría que se podría obstruir fácilmente la ejecución de una decisión judicial con otros actos infractores. La circunstancia de que la demandada haya colocado en el lugar que le corresponde a la actora a otro funcionario, no es causal de inejecutabilidad”, se lee en el documento al que accedió Infobae Perú.
En esa línea, la sala notificó que de no cumplirse su resolución enviará el caso al Ministerio Público para que tome las acciones correspondientes contra los funcionarios que no ejecuten su decisión.
También denegó recursos presentados por el actual procurador general Javier Pacheco al advertir que este “no tiene relación jurídica procesal” en este incidente.

La noticia se da a un día de que la abogada intentara ingresar a la Procuraduría, pero fuese impedida, según indicó, por Jackeline Rojas Grandez, jefa de la oficina de asesoría jurídica de la PGE, y Óscar Ubaldo, abogado de la gerencia general de la PGE.
“Hoy me constituyo a la sede principal de la Procuraduría general del estado a las 8 am para cumplir con lo dispuesto por la primera sala constitucional de la corte superior de justicia de Lima; sin embargo, fui atendida por la señora Jackeline Rojas Grandez y Óscar Ubaldo, quienes sin razón me indicaron que no podía ingresar a la institución para cumplir con el mandato judicial y asumir el cargo de procurador general del Estado”, alertó en una carta notarial remitida al Ministerio de Justicia.
Cabe mencionar que, en la víspera, la letrada también había enviado una misiva al titular de la entidad, Javier Pacheco, a fin de que cese sus funciones. “Teniendo en cuenta que usted, con fecha 17 y 20 de mayo 2024, ha ingresado en el cuaderno principal de mi expediente de acción de amparo el escrito sumillado: ‘Solicito se autorice la constitución o intervención litisconsorcial necesaria del procurador general del Estado’ se entiende que es de su absoluto conocimiento el mandato cautelar de los Jueces de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior”, se lee en la carta presentada por Caruajulca.

En entrevista con Exitosa, la abogada sostuvo que se habría cometido un delito de desacato judicial al no dejarla entrar.
“Por ahora sí, por ahora sí (estarían desacatando un mandato judicial y cometiendo delito). (...) Yo debo seguir con el procedimiento y en todo caso, de ser necesario, solicitar que se ejecute todo lo que corresponde inclusive la denuncia penal con todas las consecuencias que lleva”, declaró.
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