El Estado peruano ganó la disputa legal contra Sociedad Minera Cerro Verde (Freeport)— una de las empresas productoras de cobre más grandes del país— ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la cual fue interpuesta en marzo de 2020.
La minera estadounidense reclamaba un incumplimiento del contrato de estabilidad de 1998 y del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, en el que exigía una compensación de US$909 millones.
El estudio Navarro & Pazos Abogados, en colaboración con el bufete internacional Baker Botts, anunció, a través de su socio Ricardo Puccio, que el tribunal del CIADI desestimó “todas las pretensiones del demandante”. Puccio precisó que al ser un caso bajo el TLC con Estados Unidos, el laudo será público una vez se cumplan ciertos requisitos formales.
Controversia entre el Estado peruano y minera Cerro Verde
La controversia comenzó cuando la Sunat reclamó a Cerro Verde, en ese entonces controlada por Freeport, el pago de regalías adeudadas desde 2006. La empresa argumentó que un contrato de estabilidad tributaria de 1998 la libraba de dicho pago. Sin embargo, el Gobierno peruano sostuvo que el contrato solo aplicaba a la planta de lixiviación estabilizada en el acuerdo de 1998 y no a la nueva planta concentradora desarrollada entre 2004 y 2006.
Después de fallos favorables al Estado Peruano en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, Freeport y su socio Sumitomo llevaron el caso ante el organismo internacional CIADI en 2020. Además de la compensación monetaria, Cerro Verde buscaba que Perú cubriera los costos del arbitraje y los honorarios legales, solicitudes que también fueron rechazadas.
La defensa peruana, inicialmente representada por Sidley Austin, demostró la aplicación de la legislación peruana a proyectos específicos y refutó la falta de documentación oficial que respaldara la extensión del contrato de estabilidad a la planta concentradora. Freeport no logró presentar pruebas concluyentes, como un correo electrónico que afirmaban confirmar sus garantías verbales.
Según consignó el diario El Comercio, la defensa del Perú, en un principio representada por la firma Sidley Austin, dejó claro que los contratos de estabilidad se aplican únicamente a los proyectos mineros bajo la legislación peruana, y no a las unidades mineras como sostenía Freeport.
Ahora quedan pendientes los resultados del arbitraje interpuesto por Sumitomo en mayo de 2020, que involucra una demanda de aproximadamente US$300 millones. Además, se espera la decisión sobre si Freeport cubrirá los gastos incurridos por el Estado Peruano en el primer arbitraje.
En 2018, Sunat notificó a Cerro Verde que tenía una deuda pendiente de S/1.100 millones por regalías no canceladas entre 2006 y 2011. En respuesta, la minera argumentó que no tenía la obligación de pagar porque su contrato de estabilidad tributaria (1998) era anterior a la Ley de Regalías Mineras (2004). Cabe precisar que dicho contrato rigió hasta el 2013 y que fue renovado en el 2014 (hasta el 2028).
El viernes último, Cerro Verde informó a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que “la Sociedad ya había pagado íntegramente el capital, intereses y sanciones que el Estado peruano le había exigido en relación con regalías y tributos vinculados al mineral que se procesó en la planta concentradora construida en la unidad minera Cerro Verde, entre los años 2006 y 2013, que fueron objeto de cuestionamiento en el arbitraje antes mencionado.
Cerro Verde expresa “su decepción” por el fallo
La minera Cerro Verde emitió un comunicado sobre el fallo que favorece al Estado peruano y señaló que aunque lo respeta, considera que sus acciones siempre se realizaron de acuerdo a ley.
La compañía productora de cobre sostuvo que la decisión del Tribunal Arbitral estableció que cada parte deberá cubrir sus propios gastos. “En ese sentido, dado que Cerro Verde ya ha pagado en su totalidad el capital, los intereses y las penalidades señaladas, no se requieren pagos adicionales”, indicaron
MEF contrató a estudio legal por S/2 millones para asesoría
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contrató al estudio de abogados Baker Botts LLP, para defender al Estado peruano ante el arbitraje internacional iniciado por la minera estadounidense Freeport-McMoRan Inc. Así lo refrenda la Resolución Ministerial Nº 147-2024-EF/43, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La resolución, a través del Informe Nº 0367-2024-EF/43.03, señala que se cuenta con la certificación de crédito presupuestario para atender la contratación del citado estudio de abogados, según la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000953, por el monto inicial de S/2 millones 263.100, emitida por la Oficina de Finanzas de la Oficina General de Administración.
Adicionalmente, se prevé un presupuesto para el 2025 de S/2 millones 029.370 a fin de continuar con la cobertura de los costos relacionados.
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